09/12/2023

Régimen Tributario Simplificado, actualización de montos D.S. 3698.

 


Régimen Tributario Simplificado, actualización de montos D.S. 3698.

Régimen Tributario Simplificado, actualización de montos D.S. 3698; del 25 de octubre de 2018.

Los que pueden inscribirse al Régimen Tributario Simplificado son:

1.- COMERCIANTES MINORISTAS. – Son personas naturales que desarrollan actividades de compra venta de mercaderías o prestación de servicios en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas y puestos ubicados en la vía pública.

2.- VIVANDEROS. - Son las personas naturales que expenden comidas, bebidas y alimentos en kioscos y pequeños locales.

3.- ARTESANOS. - las personas naturales que ejercen un arte u oficio manual, trabajando por cuenta propia en sus talleres o a domicilio, percibiendo por su trabajo una remuneración de terceros en calidad de clientes.

En el D.S. 24484 del Régimen Tributario Simplificado está siendo modifica por el D.S. 27924 el 20 de diciembre del 2004 y ahora modificado por el D.S. 3698 los montos del capital los que consolidaran la liquidación del pago del IVA, IT e IUE, teniendo las siguientes modificaciones:

COMERCIANTES MINORISTAS, VIVANDEROS Y ARTESANOS.

El capital no mayor a 60.000 Bs.

Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs. 184.000.





Obligación de Persona Jurídica y Natural llevar de Registros Contables

 Registros Contables 

Obligación de Persona Jurídica y Natural llevar de Registros Contables

El Código de Comercio (Decreto Supremo 14379).

Indica que todo comerciante está obligado de llevar contabilidad adecuada a la naturaleza importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de su negocio y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos, y correspondencia que los respalden, estipulados en los Art 36; Art 37; Art 40; Art 41; Art 44; del código de comercio.

De la misma norma, menciona que se debe llevar obligatoriamente los siguientes libros: Libro Diario, Mayor, y de Inventarios y Balances, salvo que por ley exija específicamente llevar otros libros, podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, estos libros tendrán calidad de auxiliares y no están sujetos a lo dispuesto en el Art 40; aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medios de prueba como los libros obligatorios.

Obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, aun notario de fe pública para que, en su utilización incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquel a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el notario interviniente, estampado, además, en todas las hojas, el sello de la notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. En el libro diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara precisa de tales operaciones y sus importes, indicando las personas que intervengan y los documentos que las respalden. Según el código de comercio existen dos tipos de comerciantes, la persona natural, la persona jurídica, los cuales tienen, obligaciones generales, especificas, contables, formales, registrales, operativas.

La Autoridad de Fiscalización de Empresas con la resolución administrativa interna RAI/AEMP/Nro. 09/2021; régimen de sanciones plenamente vigentes, es quien reglamenta el régimen de infracciones administrativas y la determinación y aplicación de sanciones administrativas a los sujetos regulados que incumplan las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio, Principios y Normas Contables, normas reglamentarias y disposiciones administrativas. La determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones, emergen del proceso administrativo sancionador iniciado por la AEMP, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento a Ley de Procedimiento Administrativo para el SIREFI aprobado por Decreto Supremo N° 27175 y las disposiciones legales atinentes a la potestad administrativa sancionadora de la AEMP, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2341, de procedimiento administrativo.

Sujetos Regulados:  Personas naturales o jurídicas que desarrollan actos de comercio o actividad comercial en forma habitual y con fines de lucro dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

Con las siguientes sanciones:

1.- Amonestación Escrita.

2.- Multa (elemento punitivo)

3.- Suspensión temporal del presidente del directorio y gerente.

Jurisdicción y Competencia: La autoridad de fiscalización de empresas tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y ejerce competencia privativa e indelegable, para regular, controlar, supervisar, fiscalizar, a las personas naturales y jurídicas que realicen acto de comercio.

Principio Sancionador: Los cuales se basa en la potestad administrativa sancionadora otorgada a la autoridad de fiscalización de empresas será ejercida en restricto resguardo de los principios sancionadores establecidos por la Ley Nro.  2341 de procedimiento administrativo.

El debido proceso; principio de tipicidad, igualdad, verdad material, irretroactividad, proporcionalidad.

Naturaleza de las Sanciones: Las sanciones establecidas en el presente reglamento son de carácter administrativo e independiente de la responsabilidad, de naturaleza civil o penal, que cuando corresponda y por mandato de ley, pudiera derivar del incumplimiento de las disposiciones al código de comercio y normas de contabilidad y otras disposiciones legales reglamentarias conexas que constituyan infracciones comerciales.

Medida de Pago: Las multas previstas están determinadas en bolivianos.

Reincidencia de Infracción:

Condición: Se entenderá que habrá reincidencia siempre que el infractor hubiera sido sancionado mediante resolución administrativa y que esta se encuentre ejecutoriada, por la misma infracción que provoco la imposición de la sanción.

Tiempo: Se tomará en cuenta aquellas infracciones que fueron sancionados mediante resolución administrativa dentro del plazo de los últimos 2 años anteriores a la fecha de infracción.

Sanción: La reincidencia de infracciones sancionadas con multa serán sancionadas con el incremento del veinte por ciento 20% de la sanción aplicada.  La reincidencia de infracciones sancionadas con amonestación será sancionada con la aplicación de una multa, equivalente al porcentaje mínimo según su categoría.

Concurso de Infracción

Concurso Singular: Cuando un solo acto, hecho u omisión infringiere diversas disposiciones comerciales, contables y normativa administrativa conexa, deberá aplicarse la sanción que corresponda a la infracción que corresponda a la infracción más grave.

Concurso Plural: Cuando concurran varios actos, hechos u omisiones que constituyan dos o más infracciones relacionadas entre sí, se deberá aplicar la sanción que corresponda a la infracción más grave.

La práctica contable en el marco del reglamento de sanciones RAI/AEMP/Nro. 09/2021; en el art 55. Las Normas de Contabilidad y Auditoría emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia - CTNAC (Normas de contabilidad de la 1 a la 14) así como la Norma General de Auditoria N°1 son de aplicabilidad y cumplimiento obligatorio para todos los Sujetos Regulados. En ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales sobre un asunto determinado (contabilidad, auditoria, ética, educación, administración y finanzas, sector público) deben adoptarse los pronunciamientos técnicos emitidos por la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC).

Art 20. - (Contabilidad llevada por personas no autorizadas legalmente) I. El Sujeto Regulado que omita llevar su contabilidad por un profesional contable legalmente habilitado, conforme establece el artículo 39 del Código de Comercio, incurrirá en esta infracción; siendo pasible a la imposición de multa, que será calculada tomando en cuenta lo dispuesto en los Anexos I y II del presente Reglamento. II. A los efectos del presente artículo, se entiende que el profesional contable se encuentra legalmente habilitado para el ejercicio de sus funciones, cuando éste cuente con el registro del colegio correspondiente.

Tipos de sociedades fiscalizadas por la AEMP en Bolivia

  • Empresas Unipersonales
  • Sociedad colectiva
  • Sociedad en comandita simple
  • Sociedad de responsabilidad limitada
  • Sociedad anónima
  • Sociedad en comandita por acciones
  • Asociaciones Accidentales o de cuentas en participación

Documentos verificados por la AEMP en una fiscalización

Durante la fiscalización, la AEMP verificará un número de documentos, incluyendo, pero no limitado a:

  • Documentación legal referente a la constitución y administración de la empresa

·        Escritura Pública de Constitución de Sociedad y modificaciones

·        Balance de Apertura

·        Matrícula de Comercio Actualizada

·        Libro de Registro de Acciones o socios

·        Libro de Actas de Juntas /Asamblea

·        Inscripción y Testimonio de Aumento o Reducción de Capital.

·        Autorización del uso de Hojas Removibles, mediante resolución específica.

  • Documentación financiera y contable de la empresa

·        Estados Financieros emitidos por la Empresa y por el Sistema Contable y notas a los estados financieros, aprobados.

·        Estados de cuenta y/o auxiliares.

·        Plan de Cuentas.

·        Comprobantes de Ingresos, Egresos y Traspasos.

·        Libros Contables: Mayores, Diarios, Inventarios, de Compras y Ventas IVA.

·        Conciliaciones Bancarias.

·        Contratos y Convenios suscritos durante el periodo fiscal.

El incumplimiento con este régimen normativo estará sujeto a sanciones como: amonestación, multa, suspensión temporal de funciones o hasta a la suspensión de la matrícula de comercio, o multas económicas, calculadas sobre la base del 0,5% a 5% de la “Utilidad Bruta” o sobre el “Capital” en caso que los estados financieros reporten pérdida bruta.

 

    

 

 

 

 

Objetividad en las Resoluciones Administrativas.

 Objetividad en las Resoluciones Administrativas.

OBJETIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES

Deben existir los elementos de prueba que determinen que el contribuyente se encuentra inscrito en un régimen que no le corresponde.

Un acta de infracción señala que un contribuyente está inscrito en un régimen que no le corresponde, otorgándole 20 días para presentar descargos, pero dentro de los 20 días el contribuyente presento una carta indicando que no está de acuerdo con la sanción, y que al régimen que pertenece es al minorista, régimen simplificado.

El funcionario encargado del control preventivo, informo sobre el aspecto que lo motivaron a labrar el acta de infracción, en sola mención al cumplimiento del Art 2 y 3 de Ds 27924 diciembre 2004; y su modificación que menciona el aumento de ventas anuales, Art 2.2; de Ds.3698; advirtiendo que el contribuyente superaba sus ventas anuales de Bs 184.000; y que debería estar inscripto en el régimen general, no evidenciando ningún pronunciamiento técnico de procedimiento para calcular que el monto de ventas anuales superaron Bs 184.000;  ni tampoco que determine los precios unitarios de las mercaderías comercializadas sean superiores a Bs 480; ni en la resolución sancionatoria consta cuales fueron los procedimientos y elementos de prueba que determinen de manera clara y precisa montos de dinero que hayan superado los descrito en la normativa señalada, solo hubo un breve comentario al citar los Art 65 CTB; los actos de la administración tributaria por estar sometidos a la ley se presumen legítimos. Art 100. (3) CTB; la Administración tributaria tendrá amplias facultades de control, verificación, inspección material de bienes, locales e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Art 163 CTB; el que omitiere su inscripción en los registros tributarios correspondiente, se inscribiere o permaneciera en un régimen distinto, será sancionado por el perjuicio a la administración tributaria. Considero que no puede realizar sanciones en base a apreciaciones simples como la marca del producto que se comercializa, o la condición del local amplio, aspectos que no están considerados en la norma tributaria alguna para determinar el régimen que corresponda a un contribuyente. 

Concluyendo, dichos aspectos no indican clara y precisamente de por qué el contribuyente se encontraba en un régimen que no le corresponde, tampoco indica cuales fueron los elementos de prueba que determinaron esa afirmación, y mucho menos el contribuyente presento descargos. Como podemos observar no es suficiente realizar afirmaciones o arribar a conclusiones, que no advierten cuales fueron los elementos de prueba suficientes que permitan corroborar la conclusión a la que arribaron los funcionarios que firman el acta de infracción.   

Consiguientemente la administración tributaria no está cumpliendo con lo previsto en el Art 76 CTB; que indica en sentido de quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Toda vez no se demostró mediante pruebas claras la correcta emisión de la resolución sancionatoria.


01/12/2023

Verdad Material vs. Verdad Formal


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Verdad Material vs. Verdad Formal

Todo el formalismo de presentación de pruebas para desvirtuar la vista de cargo en contra de un contribuyente, el plazo estipulado es 30 días  según el Art 98 de código tributario boliviano; ante todo este cuestionamiento de valoración de la prueba y su plazo, por causa ajena al contribuyente, se le dio como valida una documentación fuera de plazo requerido por el servicio de impuestos nacionales, lo cual debió ser rechazada por incumplir lo previsto en el Art 81 de código tributario boliviano, donde establece la admisibilidad de las pruebas que contengan requisitos de pertinencia y oportunidad y debiendo rechazar entre otras, las que habiendo sido requerido por la administración tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubieran dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la resolución determinativa.

En este caso el contribuyente presento en calidad de prueba de reciente obtención, ahora bien, la permisión legal referida a la presentación de prueba de reciente obtención se sustenta en la imposibilidad de conseguir las pruebas de inmediato, ya sea por encontrarse en un lugar diferente al domicilio fiscal del contribuyente, puede ser también por enfermedad del contribuyente, o simplemente por destrucción o perdida por causa ajena a la voluntad del interesado, en este caso no hay constancia alguna que hubiese existido una causa de fuerza mayor que impida al contribuyente presente las pruebas, por el contario fue contundente en su afirmación al presentar la documentación en atención a la conclusión y recomendación contenidas en el informe, en consecuencia al no existir objeción a la prueba de reciente obtención presentada por el contribuyente, por parte del servicio de impuestos nacionales esta prueba merece el valor legal como prueba.

El contribuyente presento la documentación relativa a la vista de cargo, en cumplimiento a la orden de verificación de declaraciones juradas y registros libros compras ventas IVA; por la mala gestión de impuestos internos tampoco fue expuesta la falta de documentación exigida oportunamente, conforme a los Artículos 21; 66 Inc. (1). 95; 100; y 101; de la ley 2492 Código Tributario Boliviano. Pretendiendo anular la vista de cargo por oficio y reformular la controversia podemos recordarle al servicio de impuestos nacionales que el Código de Procedimiento Civil en su Art 399 Inc. (4); establece Cuando hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opusiere, y no fuere tachado de falso oportunamente. La autenticidad de los libros y documentos mercantiles se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio.

Además, la constitución política del estado en su Art 180. Art 30 Inc. (11) de la Ley del Órgano Judicial, menciona que debe prevalecer el principio de verdad material sobre la verdad formal con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera como ocurrieron los hechos, en cumplimiento de las garantías procesales es decir que prevalezca la verdad pura, a la realidad de los hechos, y no caer en ritualismos procesales que no conducen a una correcta aplicación de la justicia, de tal manera que la valoración correcta de los antecedentes de la fiscalización, el contribuyente no evadió, ni defraudo impuesto alguno.

La facultad que le otorga a la administración tributaria el código tributario boliviano es amplio y suficiente recaudador sin escrúpulos, sin ciencia, ni conciencia, totalmente respaldo en el Art (5) código tributario boliviano donde solo hace prevalecer jurisprudencia del tribunal constitucional como fuente de legalidad de la misma ley, lo demás dispuestos en la presente ley en especial código tributario boliviano es tratado literalmente para efectos de recaudación.


27/11/2023

Tiempos límite para el SIN entre Inicio de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa

 

Tiempos límite para el SIN entre Inicio de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa

 Aquí revisamos los tiempos límite que tiene el SIN para cumplir sus procedimientos de fiscalización y qué consecuencias tiene si no los cumple.

Muchas veces tenemos fiscalizaciones y verificaciones del SIN y resulta que luego de muchos meses, incluso años, recién recibimos notificaciones o acciones de cobro por parte del SIN. ¿Esto desacredita sus acciones? ¿Veamos qué dice la Ley?

El Código Tributario en realidad solo hace algunas referencias para que el SIN cumpla dentro de sus procedimientos previos a la Impugnación Tributaria o vía ordinaria.

Por si no estás familiarizado, en resumen, el orden de los procedimientos de fiscalización (verificación) siguen estas etapas:

 Orden de inicio de Fiscalización o verificación → Vista de Cargo → Resolución Determinativa

Y los tiempos que establece el Código Tributario son:

·        Entre inicio de fiscalización y Vista de cargo: 12 meses

·        Entre la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa: 2 meses

 

El primer límite no tiene consecuencias concretas; el segundo, si no se cumple, resta intereses a cobrar por parte del SIN. A continuación, lo desarrollamos.

Tiempo límite entre el inicio de Fiscalización y la Vista de Cargo

·        Art. 104. V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses con prorroga a 6 meses más si amerita. CTB.

 

El Art. 104 V, establece un límite de 12 meses entre el inicio de la Fiscalización y la emisión de la Vista de Cargo, sin embargo, la norma no establece una consecuencia si es que no se cumpliera.

 En principio, la norma no especifica que vaya a generarse una caducidad si es que se incumpliera ese plazo. O que la facultad de la Administración Tributaria se extinga.

Lo que sí dice el Código Tributario es:

«La autoridad o servidor público que, en el plazo determinado para el efecto, no dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública, conforme a lo previsto en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias» 74-1 del CTB.

O sea, existiría una sanción para el funcionario público, que lo debería iniciar el SIN, pero que no es atribución del contribuyente.

Entonces este límite establecido de 12 meses entre el inicio de la Fiscalización y la emisión de la Vista de Cargo, en concreto, no tiene una consecuencia directa para las acciones del SIN. Y la emisión de la Vista de Cargo no podría carecer de legalidad por esa demora.

Aquí podemos ver algunos precedentes al respecto: AGIT-RJ 1432/2015, STG-RJ-0250-2006.

   Tiempo límite entre Vista de Cargo y Resolución Determinativa

·        Art. 99. I. Vencido el plazo de descargo [de la Vista de Cargo], se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

 

Este plazo de 60 días, se cuentan como límite entre el plazo de presentar los descargos a la Vista de Cargo y la emisión de la Resolución Determinativa.

Si se pasara más de 60 días, entonces los días retrasados hasta que el SIN emita la Resolución Determinativa ya no se contarían para el cálculo de intereses de la deuda.

Este tecnicismo, es en realidad un problema si la Resolución Determinativa no lo toma en cuenta, pues estaría viciada de un error evidente. Esto incluso podría ser argumento para su impugnación. Por eso es que muchas veces el SIN ha decidido anular por oficio algunas Vistas de Cargo para emitir otras nuevas y cumplir con el plazo de sus respectivas Resoluciones Determinativas.

 Otros tiempos límite

El Código tributario establece otros límites para la Administración Tributaria sobre tiempos de respuesta y otras acciones, pero en lo que respecta a procedimientos administrativos de Fiscalización o Verificación solo tenemos estos dos.

Otros tiempos, luego del proceso administrativo en el SIN, que tienen que ver con procesos de Impugnación ante la AIT (Autoridad de Impugnación Tributaria), sí son más estrictos y de consecuencias evidentes para todos los actores.


11/11/2023

Validez del Crédito Fiscal de Facturas Emitidas Posterior al Hecho Generador del Iva.

 

Validez del Crédito Fiscal de Facturas Emitidas Posterior al Hecho Generador del Iva.

(NO PAGAR NI, MAS, NI, MENOS, SOLO LO CRRECTO)

La cuestionable posición de emitir una factura posterior al hecho generador desde el punto de vista de impuestos nacionales y su reglamentación ley 843; cual es tratamiento técnico fiscal de estos documentos que han sido emitidos posterior al hecho generador. Para entender esta problemática es necesario comprender forma general la narrativa sobre el cual da el tratamiento del crédito fiscal que va acompañado del Iva y del Rc-Iva; la ley 843 en su capítulo (I); el impuesto al Valor Agregado.

Art 1º Crease en todo el territorio nacional un impuesto que se denominara Impuesto al Valor Agregado (Iva); que se aplicara sobre:

a)      Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos definidos en el art 3 de esta ley.

b)     Los contratos de obras, prestaciones de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizada en el territorio de la nación.

c)      Las importaciones definitivas.

Art 2º a los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a titulo oneroso que importe la trasmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de cosas muebles, en casos de contratos de obras y prestaciones de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el art 3º de la ley 843; con destino al uso o consumo particular del único dueño o socio de las sociedades de personas.

Este articulo establece tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA; que son:

1.      La onerosidad.

2.      La trasmisión de dominio del bien o la prestación de servicio.

3.      Los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la trasmisión de dominio, debe respaldarse mediante factura o nota fiscal original.

Complementariamente respaldar con documentos contables como Libros Diarios, Mayor, Comprobantes de Egresos, y otros que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción Art 36º; Art 37º; Art 40º; Art 44º; del decreto supremo 14379 Código de Comercio, dando forma a la verdad material de acuerdo a lo establecido en el inc.(d) del art 4º de la Ley 2341.

Habitualmente la actividad fiscalizadora de la administración tributaria se manifiesta en requerir a los contribuyentes su comparecencia ante una de sus autoridades o de exhibir libros y documentos contables, presentar declaraciones juradas, facilitar la presencia de inspectores en el domicilio fiscal del contribuyente, y todas aquellas obligaciones tributarias mencionadas en el Art 70º; del Código Tributario Boliviano, en las leyes especificas impositivas y disposiciones reglamentarias.

La administración tributaria no posee poderes discrecionales para determinar el hecho generador del impuesto, es la ley que precisamente establece, cuando y en que casos y en que medida, puede recaudar tributos sobre los contribuyentes, por lo cual la autoridad fiscal actúa con la única finalidad de aplicar leyes impositivas y erróneamente se pensaría que su misión seria hallar dinero para el fisco.

 Art 3º Sujetos pasivos del impuesto quienes:

a)      En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles.

b)     Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles.

c)      Realicen a nombre propio importaciones definitivas.

d)     Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza.

e)     Alquileres bienes muebles y/o inmuebles.

f)       Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionados con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes.

Art 8º   Crédito Fiscal

Los responsables restaran:

a)      El importe que resulta de aplicar la alícuota del artículo 15º (13%) sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumos alcanzadas por el gravamen, que se los hubiese facturado o cargado mediante documentos equivalentes en el periodo fiscal que se liquida.

Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen.

b)     El importe resultante de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que, respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que liquida.

 Decreto Supremo 21530 Reglamentación Impuesto Valor Agregado:

Art 8º El crédito Fiscal computable a que se refiere el art 8º inciso (a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. El Servicio de Impuestos Nacionales establecerá con carácter general, mediante, Resolución Administrativa, los créditos fiscales que no se encuentran vinculados a la actividad sujeta al tributo.

Estas disposiciones legales reglamentan el Impuesto al Valor Agregado, que cimienta la base la base del derecho tributario, material y sustantivo del Crédito Fiscal.            

Subsidiariamente tenemos también las normas siguientes:

RND 102100000011, El Sistema de Facturación.

RND 10-001715, Respaldo de Transacciones con Documento de Pago Bancarización Medios Fehacientes de Pago.

RND 10003-16, Procedimiento por Contravenciones Tributarias.

RND 100033-16, Sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales.

Normas formal o adjetiva, complementarias a las normas sustantivas como la ley 843 y DS 21530; lo que significa que estas normas no pueden ir más allá de lo que dicen las normas sustantivas.

Las normas materiales y sustantivas constituyen sin lugar a dudas un ordenamiento jurídico modular por un conjunto de normas que regulan de forma sistematizada la relación jurídica tributaria que nace entre la administración tributaria y el contribuyente al producirse el hecho generador del tributo. Al hacer referencia a la relación jurídica tributaria, debe estar claro que el sujeto activo de esta relación jurídica, personalizada por la administración tributaria, y el sujeto pasivo en el contribuyente no están vinculados por una relación de poder, si no por una relación de derecho y en un plano de igualdad. Se afirmaría acertadamente que los sujetos de las relaciones jurídicas regidas por el derecho tributario no son la administración y los administrados si no los acreedores y los deudores de los tributos y obligaciones accesorios respectivamente.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005; STG/RJ/00123/2006; estableció para que el contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones declaradas se deben cumplir tres requisitos esenciales

1.      La transacción debe estar respaldada con la factura original.

2.      Que se encuentre vinculada con la actividad gravada.

3.      Que la transacción se haya realizado efectivamente.

Es decir, en conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art 8º; inc. (a) de la Ley 843; solo dará lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o todo otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vincule con las operaciones gravadas.

Estos tres requisitos son obligaciones del contribuyente en su condición de comprador para beneficiarse del 13% del Iva, de una determinada compra o servicio. Mas haya de las normativas la ley 843; decreto supremo 21530; y las normativas enunciadas en esta redacción, podrá un ente fiscalizador invalidar el derecho al crédito fiscal del comprador de bienes y servicios por la inexistencia del proveedor, o por su ineficiencia de no cumplir con sus obligaciones tributarias, hay interpretaciones bastantes prejuiciosas, existen funcionarios de la administración tributaria por el simple hecho de pertenecer a esta institución piensan que a toda costa se debe interpretar la ley impositiva siempre a favor del fisco, así como también existen contribuyentes que creen que se debe interpretar a su favor. Como sea podido evidenciar por parte de decenas de contribuyentes que han experimentado la conducta sumisa del ente fiscalizador, impuesta por el servicio de impuestos nacionales, quienes se niegan el derecho de expresar frente a una controversia tributaria, pero conozco también hay funcionarios que tienen bien claro esta relación jurídica tributaria, no es una relación de poder si no de derecho y emiten sus informes de acuerdo a su ciencia y conciencia.

Por otro lado, la jurisprudencia tributaria asumida por el tribunal supremo de justicia mediante el Auto Supremo Nro. 477 del 22 de noviembre de 2012; establece que el sujeto pasivo o tercero responsable para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales y necesarios esenciales y recurrentes y como si fuera poco adiciona el concepto medio fehaciente de pago.

Coincidimos:

1) La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme lo establece el art. 4-a), concordante con el art. 8-a), de la Ley N.º 843. Este documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser presentado en original.

2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el art. 8-a), de la Ley. N.º 843.

 3) La realización efectiva de la transacción, es decir que se perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley. N.º 843, concordante con el art. 8 del D.S. N.º 21530.

4) El primer y el último requisito, están estrechamente ligados a los medios fehacientes de pago, añadiendo de nuestra parte que, es insuficiente presentar la factura como prueba, el instrumento fidedigno que dio nacimiento al hecho generador, debe ser respaldado contablemente, es decir deberá estar registrado obligatoriamente en los libros contables - susceptibles de ser verificados - establecidos tanto en el Código Tributario como en el Código de Comercio. A partir de Bs 50.000.- la administración tributaria debe exigir a los contribuyentes y/o terceros responsables los medios fehacientes de pago respaldados a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera.

Cabe destacar la función de ente fiscalizador facultados en art 95º de la Ley 2192, señala la determinación de resolución determinativa de la administración tributaria donde se menciona que debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo conforme a las facultades otorgadas por este código y otras disposiciones legales tributarias. Así mismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarado por el sujeto pasivo.

De la norma antes mencionada se podría concluir que la administración tributaria realiza su trabajo previsto a la norma sin embargo pretende cargar al contribuyente la responsabilidad de posibles hechos que seria atribuciones al proveedor, no al comprador. Afectando así su derecho al crédito fiscal por facturas emitidas por su proveedor en una sola de servicios de meses anteriores.

La única restricción sobre el periodo a declarar es el reflejado el art 8º del decreto supremo 21530; en el enunciado:

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos de meses anteriores.

Como afecta la emisión de la factura posterior al hecho generador del impuesto, no se ajusta a todas las normas sustantivas, dictaminando requisitos indispensables para adquirir el derecho al crédito fiscal en la notas fiscales o facturas. Dentro de las formalidades del sistema de facturación en la RND 10210000011; pronuncia conceptos importantes como:

Art 3º Aplicara las siguientes definiciones:

H) Comprador: Persona Natural o Jurídica (incluidas las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica), pública o privada, que al haber adquirido y pagado por un determinado bien, servicio u otra operación, se constituye propietario del Documento Fiscal emitido.

aa) Sujeto Pasivo del IVA: Persona natural o jurídica que en virtud a su actividad comercial adquiere la obligación tributaria de cumplir con la liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado, así como la facturación de sus transacciones gravadas y otros deberes formales conforme normativa vigente. La obligación del Sujeto Pasivo del IVA será cumplida por el Tercero Responsable, cuando corresponda.

I) Emisión: Acto a través del cual un Sujeto Pasivo del IVA, al perfeccionamiento del hecho generador, consigna los datos de la transacción en una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente y la entrega al comprador. En el caso de la emisión de Documentos Fiscales Digitales, la emisión comprende el registro de los datos y envío de la información de la transacción en formato XML a la administración tributaria.

Efectos Tributarios:

Art 50º (5) Consignar la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto.

El Impuesto al Valor Agregado se determina sobre las ventas, el débito fiscal es una deducción entre débitos fiscales y créditos fiscales, el comprador no tiene participación alguna en esta deducción sobre ventas originadas por el sujeto pasivo responsable de emitir la factura. No esta claro en la normativa que para apropiarme del derecho al crédito fiscal tiene que estar enmarcado en el hecho generador.

Concluyendo no existe normativa que respalde la depuración del crédito fiscal a favor del comprador o de alguna factura que el vendedor hubiera emitido posterior al hecho generador, no existe fundamento legal.