CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN EL IUE.
Para determinar correctamente la base imponible del IUE, la Administración Tributaria debe considerar además de los ingresos brutos todos los gastos incurridos para obtener la utilidad gravada, lo contrario representaría vulneración de los principios de equidad tributaria, capacidad contributiva y proporcionalidad.
Sentencia 012/2017 de 18/01/2017 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Segunda del TSJ.
En la presente litis, de la compulsa de los antecedentes administrativos, el fisco en aplicación de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, giró la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/557/2013 de 28 de octubre (fs. 920 a 948 de antecedentes administrativos), estableciendo una obligación preliminar de 1.825.743,- UFV por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) omitido de la gestión fiscal abril 2010 a marzo 2011, más intereses y sanción preliminar por conducta de omisión de pago, liquidación que se obtuvo por el importe de transferencia por venta de propiedad horizontal en los Edificios Nicole y Melissa, por la venta de la Urbanización Los Álamos de Irpavi, Urbanización Los Álamos fase II y por transferencia de otros bienes inmuebles, e ingresos reportados por el sistema financiero, por un total de Bs. 2.503.357,98. Sin embargo en relación a los gastos y costos relacionados con la construcción de los edificios Nicole y Melissa, Urbanización Los Álamos y otros, el mismo acto administrativo refiere que no se pudo obtener información necesaria sobre el costo de mano de obra y el costo de materiales, información técnica fundamental para determinar la viabilidad o no de un proyecto de construcción.
En ese marco, si bien la Administración Tributaria determinó los ingresos en base a información que pudo obtener de terceros a través de Escrituras Públicas de transferencia, formularios 430 de transmisión y enajenación de bienes y, formularios de información sobre operaciones bancarias; no es menos cierto que para determinar la utilidad bruta, no se dedujeron cabalmente los gastos necesarios que estén vinculados a la actividad gravada, tal como prescribe el art. 47 de la Ley Nº 843 concordante con los arts. 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051; ya que la utilidad neta de una gestión fiscal resulta de la imputación de ingresos y gastos, coligiéndose la importancia de establecer los gastos o costos en que incurrió el sujeto pasivo, cosa que no ocurrió en el caso en análisis, por cuanto no se verifica una cuantificación de los costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, limitándose a cuantificar los depósitos bancarios sobre los cuales aplicó la alícuota del IUE, desconociendo el principio de equidad tributaria, en la medida que no tomó en cuenta los gastos y pasivos del contribuyente vulnerando el principio de capacidad económica y proporcionalidad previsto en el art. 323.I de la Constitución Política del Estado.
Los antecedentes relacionados, permiten concluir la inexistencia de todos los datos, hechos, elementos, antecedentes y valoraciones en el proceso de determinación de la deuda tributaria, toda vez que la Vista de Cargo no tomó en cuenta los gastos y costos relacionados en la determinación del IUE, que conlleva el incumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el art. 96-I de la Ley Nº 2492, constituyendo por tanto una inobservancia a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, que son los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la sustenten; omisión que vicia de nulidad dicha actuación, conforme disponen los arts. 96-I-III y 99-II de la Ley Nº 2492, toda vez que ocasiona un estado de indefensión en el sujeto pasivo conforme prescribe el art. 36 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 y 35 del Decreto Supremo Nº 27113, vulnerando su derecho a un debido proceso.
Corresponde señalar que ese acto administrativo viciado, le ocasiona al sujeto pasivo gravamen y perjuicio personal y directo y además le coloca en un verdadero estado de indefensión, vicio procesal que conlleva a que se declare la nulidad dispuesta en sede administrativa, conforme los arts. 96.III del Código Tributario y art. 36.II de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria en sujeción al art. 201 de la Ley Nº 3092, que dispone que para que proceda la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el art. 55 del DS Nº 27113, establece que, será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. Consecuentemente la nulidad dispuesta en sede administrativa, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, fue correcta, puesto que la misma debe contener todos los hechos, datos, elementos y valoraciones proporcionados por el contribuyente y de los papeles de trabajo, consecuentemente la resolución impugnada no incurrió en interpretación errónea de la ley como refiere la demandante.
Evidentemente, si bien es cierto que no es atribuible a la Administración Tributaria que el contribuyente no haya presentado los registros contables y otra documentación que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la construcción y venta de bienes inmuebles, a través de estados financieros cumpliendo con los principios de contabilidad especificados en el art. 46 de la Ley Nº 843, no es menos cierto que el sujeto pasivo según el reporte de consulta de padrón extraído del SIRAT, se encuentra en estado inactivo a partir del 24 de diciembre de 2005, por lo que no estaba obligado a presentar registros contables, tampoco a reportar Libros de Compras y Ventas IVA.
Por lo relacionado, este Tribunal Supremo de Justicia considera que durante el proceso de fiscalización y determinación llevado adelante en fase administrativa, la Administración Tributaria, no procedió a establecer la deuda tributaria de manera fundamentada y motivada, ya que, no se demuestra haberse analizado y valorado la cuantificación de gastos y pasivos del contribuyente, de modo que se cuente con una Resolución apegada a derecho, que genere seguridad jurídica respecto a los datos que fueron manejados, los métodos de determinación asumidos, y la consideración y valoración de los descargos que le fueron presentados, no siendo suficiente que se alegue que la determinación para fines del IUE se realizó en base al análisis de las Escrituras Públicas, minutas y otras proporcionadas por las Notarías de Fe Pública, y depósitos bancarios; omisión que afecta el proceso de fiscalización y el cálculo de la Obligación Tributaria.
