20/06/2024

CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN EL IUE.

CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN EL IUE.

Para determinar correctamente la base imponible del IUE, la Administración Tributaria debe considerar además de los ingresos brutos todos los gastos incurridos para obtener la utilidad gravada, lo contrario representaría vulneración de los principios de equidad tributaria, capacidad contributiva y proporcionalidad.

Sentencia 012/2017 de 18/01/2017 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Segunda del TSJ.

En la presente litis, de la compulsa de los antecedentes administrativos, el fisco en aplicación de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, giró la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/557/2013 de 28 de octubre (fs. 920 a 948 de antecedentes administrativos), estableciendo una obligación preliminar de 1.825.743,- UFV por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) omitido de la gestión fiscal abril 2010 a marzo 2011, más intereses y sanción preliminar por conducta de omisión de pago, liquidación que se obtuvo por el importe de transferencia por venta de propiedad horizontal en los Edificios Nicole y Melissa, por la venta de la Urbanización Los Álamos de Irpavi, Urbanización Los Álamos fase II y por transferencia de otros bienes inmuebles, e ingresos reportados por el sistema financiero, por un total de Bs. 2.503.357,98. Sin embargo en relación a los gastos y costos relacionados con la construcción de los edificios Nicole y Melissa, Urbanización Los Álamos y otros, el mismo acto administrativo refiere que no se pudo obtener información necesaria sobre el costo de mano de obra y el costo de materiales, información técnica fundamental para determinar la viabilidad o no de un proyecto de construcción.

En ese marco, si bien la Administración Tributaria determinó los ingresos en base a información que pudo obtener de terceros a través de Escrituras Públicas de transferencia, formularios 430 de transmisión y enajenación de bienes y, formularios de información sobre operaciones bancarias; no es menos cierto que para determinar la utilidad bruta, no se dedujeron cabalmente los gastos necesarios que estén vinculados a la actividad gravada, tal como prescribe el art. 47 de la Ley Nº 843 concordante con los arts. 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051; ya que la utilidad neta de una gestión fiscal resulta de la imputación de ingresos y gastos, coligiéndose la importancia de establecer los gastos o costos en que incurrió el sujeto pasivo, cosa que no ocurrió en el caso en análisis, por cuanto no se verifica una cuantificación de los costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, limitándose a cuantificar los depósitos bancarios sobre los cuales aplicó la alícuota del IUE, desconociendo el principio de equidad tributaria, en la medida que no tomó en cuenta los gastos y pasivos del contribuyente vulnerando el principio de capacidad económica y proporcionalidad previsto en el art. 323.I de la Constitución Política del Estado.

Los antecedentes relacionados, permiten concluir la inexistencia de todos los datos, hechos, elementos, antecedentes y valoraciones en el proceso de determinación de la deuda tributaria, toda vez que la Vista de Cargo no tomó en cuenta los gastos y costos relacionados en la determinación del IUE, que conlleva el incumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el art. 96-I de la Ley Nº 2492, constituyendo por tanto una inobservancia a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, que son los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la sustenten; omisión que vicia de nulidad dicha actuación, conforme disponen los arts. 96-I-III y 99-II de la Ley Nº 2492, toda vez que ocasiona un estado de indefensión en el sujeto pasivo conforme prescribe el art. 36 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 y 35 del Decreto Supremo Nº 27113, vulnerando su derecho a un debido proceso.

Corresponde señalar que ese acto administrativo viciado, le ocasiona al sujeto pasivo gravamen y perjuicio personal y directo y además le coloca en un verdadero estado de indefensión, vicio procesal que conlleva a que se declare la nulidad dispuesta en sede administrativa, conforme los arts. 96.III del Código Tributario y art. 36.II de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria en sujeción al art. 201 de la Ley Nº 3092, que dispone que para que proceda la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el art. 55 del DS Nº 27113, establece que, será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. Consecuentemente la nulidad dispuesta en sede administrativa, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, fue correcta, puesto que la misma debe contener todos los hechos, datos, elementos y valoraciones proporcionados por el contribuyente y de los papeles de trabajo, consecuentemente la resolución impugnada no incurrió en interpretación errónea de la ley como refiere la demandante.

Evidentemente, si bien es cierto que no es atribuible a la Administración Tributaria que el contribuyente no haya presentado los registros contables y otra documentación que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la construcción y venta de bienes inmuebles, a través de estados financieros cumpliendo con los principios de contabilidad especificados en el art. 46 de la Ley Nº 843, no es menos cierto que el sujeto pasivo según el reporte de consulta de padrón extraído del SIRAT, se encuentra en estado inactivo a partir del 24 de diciembre de 2005, por lo que no estaba obligado a presentar registros contables, tampoco a reportar Libros de Compras y Ventas IVA.

Por lo relacionado, este Tribunal Supremo de Justicia considera que durante el proceso de fiscalización y determinación llevado adelante en fase administrativa, la Administración Tributaria, no procedió a establecer la deuda tributaria de manera fundamentada y motivada, ya que, no se demuestra haberse analizado y valorado la cuantificación de gastos y pasivos del contribuyente, de modo que se cuente con una Resolución apegada a derecho, que genere seguridad jurídica respecto a los datos que fueron manejados, los métodos de determinación asumidos, y la consideración y valoración de los descargos que le fueron presentados, no siendo suficiente que se alegue que la determinación para fines del IUE se realizó en base al análisis de las Escrituras Públicas, minutas y otras proporcionadas por las Notarías de Fe Pública, y depósitos bancarios; omisión que afecta el proceso de fiscalización y el cálculo de la Obligación Tributaria.


 


CONTRATOS DE ANTICRÉTICO – PERSONAS JURÍDICAS.

CONTRATOS DE ANTICRÉTICO – PERSONAS JURÍDICAS.

En aplicación del principio de legalidad los contratos de anticrético de personas jurídicas no se encuentran alcanzados por el IUE.

Sentencia 45/2017 de 15/01/2017 emitida por la Sala Plena del TSJ.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

V.1. Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes se establece: Que la controversia fue analizada, tramitada y resuelta, en el marco de las normas y procedimientos establecidos en la Ley 2492 CTb vigente, en su Título V incorporado por la Ley 3092 Complementario al CTb y en base al art. 141 del DS 29894, en virtud a las cuales se emitió Resoluciones tanto por parte de la ARIT y la AGIT, en las cuales se determinó que la Resolución Determinativa Nº 17-00757-12, sea revocada totalmente; Resolución esta que estableció de oficio el cálculo correspondiente al impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses del IUE de la Empresa MB S.A., por no haberse incluido presuntamente en sus resultados el ingreso por concepto de un contrato de anticresis -inmueble- suscrito con el Sr. Juan Carlos Laguna Quiroga, mediante Escritura Pública Nº 291/2007, a favor de MB S.A., por la suma de 80.000 $us; el cual fue concluido por la Escritura Pública de cancelación de contrato de anticrético y de registros hipotecarios Nº 876/2010, donde el propietario entregó todo el dinero adeudado.

A objeto de hacer un análisis preciso del problema planteado transcribimos las normas específicas que han sido objeto de controversia: 

DECRETO SUPREMO Nº 24051 Reglamento del IUE.

Artículo 4.- (Utilidades de fuente boliviana).- En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana:

1. Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país.

LEY 843 DE REFORMA TRIBUTARIA.

Artículo 42°.- En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

Ley 2492 CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 5º (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

Artículo 8° (Métodos de Interpretación y Analogía).

Ahora analizando cada una de estas disposiciones legales aplicadas, que amerita este examen, convergemos en sentido de que el DS Nº 24051 que reglamenta el IUE en su art. 4, al hablar de las utilidades de fuente boliviana, engloba entre ellas: cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país. Norma que al ser reglamentaria debe interpretarse en función a la Ley 843 que le dio origen; estableciendo en el art. 42 la definición de fuente, cuando ratifica que; son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos; bajo esa óptica aplicando el art. 5 de la Ley 2492 CTb, transcrito líneas arriba, se determina que es la Ley la que debe aplicarse en primer lugar antes que un Decreto Supremo y por el principio de legalidad establecida en el art. 6 de la misma normativa, que señala: “(Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1) Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo”, disposición aplicada por la ARIT en su Resolución, al disponer que no hay tributo sin ley previa que así lo establezca, concluyendo luego que los contratos de anticrético están alcanzados por el RC IVA, y sólo son sujetos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones indivisas. En concreto, si la Ley 843 no definió que el contrato de anticresis es un hecho generador, luego fija su base imponible, la alícuota del impuesto y el sujeto pasivo; el DS Nº 24051 o el 21530, aplicados por la AT, son inaplicables para el caso en concreto. Igual razonamiento ha utilizado la AGIT al señalar que para la determinación de la base imponible se utilizó normas del RC-IVA inaplicables a este caso ya que se usaron conceptos distintos sobre los cuales recaen ambos impuestos, aseverando de forma correcta que el RC-IVA grava un ingreso de las personas naturales, mientras que el IUE grava las utilidades que emergen de los estados financieros, sujeto a la condición de que se obtenga un resultado positivo de la comparación de los ingresos con los gastos. 

Estos conceptos hacen ver a todas luces que la analogía en el presente caso no puede ser utilizada, ya que no es cierto ni evidente que no exista una norma clara que defina la forma de determinación de la base imponible de un contrato de anticresis, porque debe necesariamente identificarse utilidades generadas por el mismo, siendo que para aplicarse la analogía debe tener tres condiciones: 1) que no exista ley aplicable al caso, lo que no es cierto hay métodos definidos por ley tributaria para el cálculo del IUE; 2) que la especie legislada sea semejante a la especie carente de norma, lo que no se cumplió porque las disposiciones del RC-IVA no se asemejan al IUE, y; 3) que exista uniformidad de razones para aplicar el precepto a los dos casos, hecho que es falso, circunstancias que no se dan en el presente caso ya que se habla de una persona jurídica, no así de una persona natural, lo que motiva a que no pueda aceptarse lo pedido en la demanda.

En autos, de la revisión de los antecedentes administrativos se estableció como hecho de controversia; que la AT determinó reparos a favor del fisco por concepto de ingresos correspondiente al contrato de anticrético suscrito por un tercero con Manaco MB S.A., en aplicación de los arts. 47 de la Ley 843, 4 del DS Nº 24051 y 7 del DS Nº 21531, señalando que la determinación del ingreso gravado fue calculada en aplicación de los arts. 27 de la Ley 843 y 7 del DS Nº 21531, en ausencia de una forma de determinación expresa para la determinación de la Base Imponible por concepto  del IUE, en base al art. 8.III de la Ley 2492 CTb, ante ese hecho la AT aclaró, que utilizó por analogía la forma de determinación de la base de cálculo de ingreso por concepto de anticréticos del RC-IVA para el IUE, que de ninguna manera utilizó la analogía para modificar normas.

En respuesta la ARIT acertadamente confluyo en la siguiente conclusión; “los contratos de anticrético en nuestra legislación están alcanzados por el RC-IVA y son sujetos de este impuesto las personas naturales y sucesiones indivisas; razón por la cual la Resolución Administrativa Nº 05-00041-99 en los numerales 1, 2 y 3 hace referencia únicamente a las empresas unipersonales sujetas al IUE, que por su característica perciban otros ingresos como personas naturales y que por estos últimos ingresos son sujetos del RC-IVA. Consiguientemente, en el caso en concreto tratándose de normativa tributaria clara y precisa no puede aplicarse el parágrafo III del art. 8 de la Ley 2492 CTb” (sic), conclusión esta que fue consentida por la AGIT al haber confirmado los fundamentos de la Resolución de alzada y este Tribunal ampara esta determinación al considerarla valida como respuesta a las pretensiones del ente demandante, estableciendo que los contratos de anticrítico de personas jurídicas -como es el caso- no se encuentran alcanzados por el IUE, por lo tanto los reparos generados al contribuyente Manaco MB S.A., no pueden ser aplicados por analogía y sólo es admisible ante la existencia de vacíos legales, asimismo, como lo afirmó la AGIT se desvirtuó el argumento de la existencia de una norma específica del IUE para la determinación de una base imponible por los contratos de anticrético.

 


PRESTAMOS ENTRE PERSONAS NATURALES O ENTIDADES NO FINANCIERAS

PRESTAMOS ENTRE PERSONAS NATURALES O ENTIDADES NO FINANCIERAS 

 En caso de que se suscriba un contrato de préstamo entre personas naturales o entidades no financieras, una vez que el prestamista perciba los intereses se perfecciona el hecho imponible del IVA, consecuentemente corresponde la emisión de la factura.

Sentencia No. 43/2015 de 10 de marzo de 2015 emitida por la Sala Plena del TSJ.

6.- Ilegal imposición de tributos, doble tributación.

Ilegal imposición al impuesto de valor agregado:

El art. 1-b) de la Ley 843, dispone que el IVA se aplicará sobre los contratos de obra, de prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. Conforme reza esta disposición, se entiende claramente que el IVA se aplica a todas las prestaciones sin excepción alguna. A su turno el art. 3-d) de misma Ley, establece que son sujetos pasivos del impuesto, quienes realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. En tal sentido, está plenamente demostrado que el demandante se encuentra comprendido en dicha definición de sujeto pasivo del IVA. En este contexto, el art. 2 párrafo segundo de la repetida Ley 843, prevé que no se considerarán comprendidos en el objeto de este impuesto, los intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales, las de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. En virtud de que el demandante no tiene la condición de entidad financiera, no le es aplicable dicha exclusión del objeto del IVA, si además se ha demostrado plenamente que él tenía como ocupación principal la de prestamista en calidad de mutuo que le proporcionaba ingresos.

Naturaleza de la base imponible del IVA:

Al respecto, ya se ha mencionado que el IVA en cuanto a las circunstancias materiales que configuran el hecho generador, el art. 4-b) de la Ley 843, prevé: “El hecho imponible se perfeccionará: b) en el caso de contratos de obra o de préstamos de servicios y de otras prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio el que fuere anterior…en todos los casos el responsable deberá obligadamente extender la factura, nota fiscal o documento equivalente”. Para el caso, una vez concluido el mes estipulado, según los contratos, se consolidó el nacimiento del hecho imponible; es decir, al finalizar el término pactado entre las partes, en su caso cuando el prestamista percibió los intereses, en caso de que fuera anterior al vencimiento del plazo, tenía la obligación de emitir la nota fiscal correspondiente, aspecto que fue incumplido por el demandante.

Finalmente, se aclara que no existe una supuesta doble imposición del IVA y del RC-IVA, toda vez que la naturaleza del RC-IVA, tiene el carácter de impuesto personal a la Renta; es decir, grava los ingresos de las personas naturales, como es el caso del demandante, a condición de que éstos no se encuentren gravados por el IUE y para la determinación de su base imponible, debe excluirse el 13 % que corresponde al IVA, específicamente en el art. 19 de la Ley 843 con el objeto de complementar el Régimen del IVA, creó un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores y señala que constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago los provenientes de la colocación de capitales sean éstos intereses, rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, distribución en sociedades de personas y en empresas unipersonales y cualquier otro ingreso provenientes de la inversión de aquellos, excepto dividendos en acciones de sociedades anónimas o en comanditas por acciones, de lo que se establece que se trata de dos impuestos con hechos imponibles diferentes.  En consecuencia, no es evidente lo que reclama el demandante sobre una supuesta doble tributación.