CONTRATOS DE ANTICRÉTICO – PERSONAS JURÍDICAS.
En aplicación del principio de legalidad los contratos de anticrético de personas jurídicas no se encuentran alcanzados por el IUE.
Sentencia 45/2017 de 15/01/2017 emitida por la Sala Plena del TSJ.
V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
V.1. Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes se establece: Que la controversia fue analizada, tramitada y resuelta, en el marco de las normas y procedimientos establecidos en la Ley 2492 CTb vigente, en su Título V incorporado por la Ley 3092 Complementario al CTb y en base al art. 141 del DS 29894, en virtud a las cuales se emitió Resoluciones tanto por parte de la ARIT y la AGIT, en las cuales se determinó que la Resolución Determinativa Nº 17-00757-12, sea revocada totalmente; Resolución esta que estableció de oficio el cálculo correspondiente al impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses del IUE de la Empresa MB S.A., por no haberse incluido presuntamente en sus resultados el ingreso por concepto de un contrato de anticresis -inmueble- suscrito con el Sr. Juan Carlos Laguna Quiroga, mediante Escritura Pública Nº 291/2007, a favor de MB S.A., por la suma de 80.000 $us; el cual fue concluido por la Escritura Pública de cancelación de contrato de anticrético y de registros hipotecarios Nº 876/2010, donde el propietario entregó todo el dinero adeudado.
A objeto de hacer un análisis preciso del problema planteado transcribimos las normas específicas que han sido objeto de controversia:
DECRETO SUPREMO Nº 24051 Reglamento del IUE.
Artículo 4.- (Utilidades de fuente boliviana).- En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana:
1. Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país.
LEY 843 DE REFORMA TRIBUTARIA.
Artículo 42°.- En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.
Ley 2492 CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO
Artículo 5º (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).
Artículo 8° (Métodos de Interpretación y Analogía).
Ahora analizando cada una de estas disposiciones legales aplicadas, que amerita este examen, convergemos en sentido de que el DS Nº 24051 que reglamenta el IUE en su art. 4, al hablar de las utilidades de fuente boliviana, engloba entre ellas: cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país. Norma que al ser reglamentaria debe interpretarse en función a la Ley 843 que le dio origen; estableciendo en el art. 42 la definición de fuente, cuando ratifica que; son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos; bajo esa óptica aplicando el art. 5 de la Ley 2492 CTb, transcrito líneas arriba, se determina que es la Ley la que debe aplicarse en primer lugar antes que un Decreto Supremo y por el principio de legalidad establecida en el art. 6 de la misma normativa, que señala: “(Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1) Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo”, disposición aplicada por la ARIT en su Resolución, al disponer que no hay tributo sin ley previa que así lo establezca, concluyendo luego que los contratos de anticrético están alcanzados por el RC IVA, y sólo son sujetos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones indivisas. En concreto, si la Ley 843 no definió que el contrato de anticresis es un hecho generador, luego fija su base imponible, la alícuota del impuesto y el sujeto pasivo; el DS Nº 24051 o el 21530, aplicados por la AT, son inaplicables para el caso en concreto. Igual razonamiento ha utilizado la AGIT al señalar que para la determinación de la base imponible se utilizó normas del RC-IVA inaplicables a este caso ya que se usaron conceptos distintos sobre los cuales recaen ambos impuestos, aseverando de forma correcta que el RC-IVA grava un ingreso de las personas naturales, mientras que el IUE grava las utilidades que emergen de los estados financieros, sujeto a la condición de que se obtenga un resultado positivo de la comparación de los ingresos con los gastos.
Estos conceptos hacen ver a todas luces que la analogía en el presente caso no puede ser utilizada, ya que no es cierto ni evidente que no exista una norma clara que defina la forma de determinación de la base imponible de un contrato de anticresis, porque debe necesariamente identificarse utilidades generadas por el mismo, siendo que para aplicarse la analogía debe tener tres condiciones: 1) que no exista ley aplicable al caso, lo que no es cierto hay métodos definidos por ley tributaria para el cálculo del IUE; 2) que la especie legislada sea semejante a la especie carente de norma, lo que no se cumplió porque las disposiciones del RC-IVA no se asemejan al IUE, y; 3) que exista uniformidad de razones para aplicar el precepto a los dos casos, hecho que es falso, circunstancias que no se dan en el presente caso ya que se habla de una persona jurídica, no así de una persona natural, lo que motiva a que no pueda aceptarse lo pedido en la demanda.
En autos, de la revisión de los antecedentes administrativos se estableció como hecho de controversia; que la AT determinó reparos a favor del fisco por concepto de ingresos correspondiente al contrato de anticrético suscrito por un tercero con Manaco MB S.A., en aplicación de los arts. 47 de la Ley 843, 4 del DS Nº 24051 y 7 del DS Nº 21531, señalando que la determinación del ingreso gravado fue calculada en aplicación de los arts. 27 de la Ley 843 y 7 del DS Nº 21531, en ausencia de una forma de determinación expresa para la determinación de la Base Imponible por concepto del IUE, en base al art. 8.III de la Ley 2492 CTb, ante ese hecho la AT aclaró, que utilizó por analogía la forma de determinación de la base de cálculo de ingreso por concepto de anticréticos del RC-IVA para el IUE, que de ninguna manera utilizó la analogía para modificar normas.
En respuesta la ARIT acertadamente confluyo en la siguiente conclusión; “los contratos de anticrético en nuestra legislación están alcanzados por el RC-IVA y son sujetos de este impuesto las personas naturales y sucesiones indivisas; razón por la cual la Resolución Administrativa Nº 05-00041-99 en los numerales 1, 2 y 3 hace referencia únicamente a las empresas unipersonales sujetas al IUE, que por su característica perciban otros ingresos como personas naturales y que por estos últimos ingresos son sujetos del RC-IVA. Consiguientemente, en el caso en concreto tratándose de normativa tributaria clara y precisa no puede aplicarse el parágrafo III del art. 8 de la Ley 2492 CTb” (sic), conclusión esta que fue consentida por la AGIT al haber confirmado los fundamentos de la Resolución de alzada y este Tribunal ampara esta determinación al considerarla valida como respuesta a las pretensiones del ente demandante, estableciendo que los contratos de anticrítico de personas jurídicas -como es el caso- no se encuentran alcanzados por el IUE, por lo tanto los reparos generados al contribuyente Manaco MB S.A., no pueden ser aplicados por analogía y sólo es admisible ante la existencia de vacíos legales, asimismo, como lo afirmó la AGIT se desvirtuó el argumento de la existencia de una norma específica del IUE para la determinación de una base imponible por los contratos de anticrético.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario