Análisis Jurisprudencial yDogmático de las Resoluciones Administrativas en Casos de IUE e IVA (Gestiones2020-2026): Dinámicas Probatorias y Sustantivas ante la Autoridad de
Impugnación Tributaria.
Desde una perspectiva estratégica y
financiera, la presentación del Recurso de Alzada surte un efecto jurídico de
máxima trascendencia: la suspensión de la ejecución del acto impugnado,
conforme lo instituye el Artículo 199 del Código Tributario Boliviano. Esta
paralización precautoria evita el inicio de procesos coactivos, embargos o
retenciones de fondos en el sistema financiero mientras se dirime la
controversia en sede administrativa. Al concluir la etapa probatoria y los
alegatos, la ARIT emite una Resolución de Recurso de Alzada que se circunscribe
a tres escenarios posibles, delineados en el Artículo 212 del CTB: resoluciones
revocatorias (totales o parciales) que dejan sin efecto el acto reclamado;
resoluciones confirmatorias que mantienen la plena vigencia y presunción de
legitimidad del acto de la Administración Tributaria; y resoluciones
anulatorias, que retrotraen el expediente hasta el vicio procedimental más
antiguo ante violaciones flagrantes al debido proceso.
1.2. El Recurso Jerárquico: La Cúspide de la
Sede Administrativa.
El procedimiento en instancia
jerárquica está sujeto a plazos estrictos. Conforme al Artículo 210, Parágrafo III del CTB, el director ejecutivo de la AGIT dispone de un término de cuarenta
(40) días para emitir su resolución, lapso que puede ser prorrogado por una
sola vez y por un periodo idéntico o igual que en la etapa previa, la
interposición del Recurso Jerárquico mantiene inalterable el efecto suspensivo
sobre la deuda tributaria o sanción. Es imperativo destacar que el Artículo 211
del CTB obliga a que las resoluciones jerárquicas contengan una fundamentación
exhaustiva y una decisión expresa, positiva y precisa, clausurando de este modo
la vía administrativa y abriendo, únicamente en caso de persistir la
controversia, la jurisdicción ordinaria mediante el proceso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En el expediente que originó la
Resolución AGIT-RJ 0212/2021, la Administración Tributaria pretendió validar
una Resolución Determinativa invocando el plazo ampliado de ocho años
establecido por la Ley N° 812, argumentando que a la fecha de emisión del acto
dicha norma se encontraba en plena vigencia. Sin embargo, la AGIT debió
ponderar los argumentos del sujeto pasivo, quien fundamentó su defensa en la Sentencia Constitucional
Plurinacional (SCP) N° 0012/2019-S2. Esta jurisprudencia constitucional
vinculante estableció de manera taxativa que las normas que modifican los
plazos de prescripción no pueden afectar períodos fiscales cuyo hecho generador
se perfeccionó con anterioridad a su promulgación, tutelando así los principios
de Legalidad y Seguridad Jurídica. En consecuencia, la AGIT procedió a revocar
la postura fiscal, sentando una línea de respeto irrestricto a los plazos
originales vigentes al momento del nacimiento de la obligación tributaria.
De igual relevancia resulta la
discusión sobre los actos interruptivos o suspensivos de la prescripción, conforme a los Artículos 61 y 62 del CTB, el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa o el reconocimiento de la deuda, mientras que se suspende por seis meses con la notificación del inicio de fiscalización, o durante el lapso que duren los recursos administrativos y judiciales. La jurisprudencia de la AGIT, respaldada por la SCP 0534/2021-S4, exige que los actos interruptivos estén debidamente fundamentados y notificados; un acto nulo o revocado (como una Orden de Verificación anulada judicialmente) carece de idoneidad para interrumpir o suspender el plazo, deviniendo en la extinción de las facultades del Estado.
La Administración Tributaria
argumentó que el plazo de prescripción se había paralizado debido a las
sucesivas interposiciones de recursos por parte del contribuyente que,
crucialmente, por los Decretos Supremos que declararon la emergencia nacional y
las cuarentenas rígidas y dinámicas, lo que obligaba a adicionar trescientos veinte
(320) días al cómputo original. La AGIT analizó exhaustivamente esta
acumulación de factores suspensivos. Aunque validó que la pandemia operó como
una causal de fuerza mayor que suspendió legítimamente los plazos
administrativos por 320 días, la sumatoria final de todos los periodos activos
demostró que, a la fecha de emisión del acto de cobro, el término legal había
fenecido irremediablemente. Por consiguiente, se confirmó la Resolución de
Alzada que revocaba totalmente el acto de la Administración Tributaria por
prescripción de la facultad de ejecución. Este fallo subraya la necesidad de
una precisión matemática implacable en el control de los expedientes de larga
data.
Sin embargo, existe una dualidad de
criterios respecto a las formalidades de la Administración. En el caso resuelto
por la AGIT-RJ 0545/2026, el sujeto pasivo impugnó argumentando que la
Administración excedió el plazo máximo de 12 meses, previsto legalmente para
concluir un proceso de fiscalización (desde la Orden de Fiscalización hasta la
Vista de Cargo). Sorprendentemente para los intereses corporativos, la AGIT a
menudo avala la tesis de que el incumplimiento de este plazo constituye una
mera falta disciplinaria interna de los funcionarios públicos, que no enerva la
validez ni acarrea la nulidad de los resultados determinativos que constatan
evasiones tributarias reales, evidenciando una aplicación ponderada y a veces
asimétrica del formalismo procedimental.
La Resolución AGIT-RJ 0497/2023
ilustra magistralmente este choque de paradigmas. En dicho caso, la
Administración Tributaria determinó de oficio las obligaciones impositivas en
el IVA del contribuyente tras observar severas inconsistencias que presagiaban
la falsedad o adulteración material de un conjunto de facturas. La defensa del
contribuyente tomó un argumento formalista sostuvo que la Administración
Tributaria estaba jurídicamente impedida de objetar la prueba documental y
rechazar el crédito fiscal a menos que existiera un fallo judicial previo,
firme y ejecutoriado que declarase expresamente la falsedad ideológica o
material de dichas facturas.
La AGIT desestimó de plano esta
postura. El fallo estableció con claridad que, en el ámbito del derecho
administrativo y tributario, para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal
no basta con poseer un documento que nominalmente ostente el título de factura.
Es el contribuyente quien debe demostrar proactivamente la existencia real del
hecho imponible, es decir, la entrega efectiva del bien o la prestación real
del servicio, su vinculación con la actividad económica generadora de ingresos
y el flujo financiero respectivo (bancarización o recibos de pago en efectivo).
La ausencia de contratos anexos, guías de remisión, o demostración de la
capacidad logística del proveedor hace presumir la inexistencia de la
transacción, implicando la depuración automática del crédito fiscal y obligando
al pago del tributo omitido, intereses y multas.
En consonancia con esta exigencia
extrema, la Resolución AGIT-RJ 0921/2024 ratificó la rigidez formal
concurrente con la verdad material. El contribuyente aportó vasta documentación
contable y alegó pagos en efectivo para sustentar sus compras, pero falló en
presentar el "Inciso a) Factura Original de compra" conforme exigía
el requerimiento. La AGIT confirmó que la validez del Crédito Fiscal está
intrínsecamente condicionada a la presentación irrestricta de la factura
original junto con la demostración del medio de pago, siendo insuficientes las
copias, las declaraciones testificales o los registros aislados en los Libros
de Compras.
En las instancias preliminares, la
ARIT Santa Cruz había revocado la observación del SIN sobre facturas
correspondientes a la compra de jabones líquidos y artículos de tocador,
argumentando razonablemente que estos productos estaban "indirectamente
vinculados" a la actividad gravada al ser indispensables para la higiene
personal, la bioseguridad y el bienestar del capital humano de la empresa. Sin
embargo, la revisión en sede Jerárquica por parte de la AGIT (tras el recurso
interpuesto por la Administración) desnudó una hermenéutica mucho más punitiva.
Al contrastar el objeto social de la empresa, y al verificar que el
contribuyente ya efectuaba erogaciones por servicios de limpieza tercerizados,
la AGIT concluyó que los productos de higiene no poseían una vinculación
intrínseca ni indispensable con el giro comercial principal ni secundario,
revirtiendo el criterio y consolidando el reparo.
De forma análoga, en el mismo
expediente, el contribuyente intentó apropiarse del crédito fiscal de facturas
por concepto de alquiler de galpones industriales (Facturas Nos. 38, 42, 62,
etc.). Nuevamente, al no aportarse documentación adicional que probara
fehacientemente que dichos espacios de almacenamiento eran utilizados
exclusivamente para salvaguardar inventarios sujetos a venta (y no para
actividades exentas o ajenas), la autoridad ratificó la improcedencia del crédito,
amparándose en el Artículo 8 del Reglamento del IVA (Decreto Supremo N° 21530).
Este estándar probatorio indica que el contribuyente es culpable de evasión
tributaria por defecto hasta que demuestre lo contrario con prueba tasada.
En los procesos acumulados que
derivaron en las Resoluciones AGIT-RJ 0897/2022 y subsecuentemente la
AGIT-RJ 0125/2023, el SIN audita a una empresa en su calidad de Agente de
Retención, exigiendo la presentación física de los Formularios 110 y todas las
facturas originales de sus trabajadores de gestiones pasadas. Ante la pérdida o
destrucción de estos documentos, la Administración determinó cuantiosas deudas
tributarias. La normativa (Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-16) es
draconiana: el empleador está obligado a archivar y custodiar agrupadamente
esta documentación por todo el término de prescripción establecido en la Ley N°
2492 (hasta 8 años). La falta de presentación de estos documentos originales
invalida el descargo del impuesto y convierte al agente de retención responsable solidario ante el fisco,
obligándolo a pagar el impuesto no retenido como fondos propios. Aunque en
estos fallos específicos existieron revocatorias motivadas por cuestiones
procedimentales o defectos en las Vistas de Cargo, el principio de fondo
permanece inmutable: la tercerización de la carga fiscalizadora hacia las
corporaciones es total y las sanciones por negligencia documental son
equivalentes a la evasión dolosa.
En este litigio, el contribuyente
defendía la deducibilidad de gastos provisionados por Bs 811.692
correspondientes al pago de primas a su personal, argumentando que dichos importes
fueron correctamente devengados contablemente en la gestión auditada en
observancia de la Norma Contable N° 1 y el Artículo 11 del Reglamento del IUE
(RIUE), presentando planillas salariales y comprobantes de abono masivo en el
Banco BISA. La Administración objetó los tiempos de efectivización, asumiendo
un cálculo global de presuntos retroactivos no cancelados. Más crítica aún fue
la controversia en este mismo caso respecto a los gastos deducidos por concepto
de "provisión varios ISO y medio ambiente" y obras de
infraestructura. El fisco depuró agresivamente estos montos bajo la premisa de
que no existía evidencia material de la efectiva prestación del servicio o la
ejecución de la obra falta de contratos escritos, planillas de avance, actas de
recepción técnica y demostración formal de la incorporación al Activo Fijo de
la empresa). El contribuyente argumentó que la ley comercial no exige como
obligación formal suscribir contratos escritos para cada contingencia
operativa. La AGIT, no obstante, avala la postura fiscalizadora: el principio
del devengado contable no es un escudo jurídico que exima al sujeto pasivo de
demostrar fehacientemente que el servicio ambiental o la obra física realmente
existieron. Sin materialidad comprobable a través de documentos de terceros, la
provisión contable es catalogada como un escudo fiscal ilegítimo y el gasto es
declarado no deducible.
Adicionalmente, en materia de
ajustes contables macroeconómicos, la AGIT-RJ 1050/2023 abordó la
disputa por el "Ajuste por inflación y valuación de inventario de
mercancías. El contribuyente argumentó técnica y económicamente que el ajuste
por inflación general (indexación a UFV) no debe aplicarse ciegamente a
inventarios de índole tecnológica, dado que dichos activos sufren de rápida obsolescencia
y su valor de mercado tiende a la baja, no al alza. Paralelamente, se debatió
la figura del "Gross up" retenciones impositivas asumidas
voluntariamente por la empresa en nombre de un proveedor que se niega a emitir
factura. Las resoluciones ratifican que los gastos por retenciones asumidas
carecen de deducibilidad, ya que la ley exige que el sujeto que recibe el
ingreso sea quien soporte la carga tributaria, penalizando corporativamente a
las empresas que internalizan el costo impositivo de la informalidad de su
cadena de suministro.
En el rubro de la construcción e
inmobiliario, las empresas que transfieren bienes inmuebles están obligadas a
liquidar el IT en formularios específicos, usualmente el Formulario 430 para
transmisiones y el Formulario 400 mensual. En el expediente ARIT-SCZ-RA
0192/2023, la empresa liquidó su tributo, pero el SIN determinó una omisión
de pago millonaria de Bs 1.962.512 (aproximadamente 1.993.667 UFV). La
observación fiscal se sustentó en que el contribuyente efectuó cruces de pagos
y compensaciones entre los Formularios 400 y 430 que el sistema informático del
fisco no reconoció paramétricamente. En un acto de sensatez jurídica, la ARIT
de Santa Cruz revocó totalmente la Resolución Determinativa, aplicando el
principio de averiguación de la Verdad Material (interesa encontrar la realidad
de los hechos económicos acontecidos) y reconociendo que el impuesto había sido
efectivamente integrado a las arcas fiscales, siendo irrelevante el casillero
electrónico utilizado si no existe daño económico al Estado.
Similarmente, en el fallo ARIT-SCZ-RA 0094/2024,
el SIN intentó depurar como gasto deducible para el IUE el monto
correspondiente al IT que la empresa había compensado previamente con sus
saldos de IUE. El fiscalizador, aferrado a una lectura literal y
descontextualizada, adujo que la Ley 843 sólo permite deducir el IT
"efectivamente pagado" en dinero fresco, excluyendo aquel IT que fue
acreditado o cancelado mediante compensación con el IUE. La empresa denunció
que esto generaba una doble tributación confiscatoria. La resolución desvirtuó
la posición de Impuestos Nacionales, confirmando que la compensación es una
forma legal y válida de extinción de obligaciones equivalente al pago efectivo,
y que las pequeñas diferencias observadas en las liquidaciones se debían a los
redondeos automáticos de decimales que efectúa el propio sistema informático
del Estado.
El Tercer Sector y el Lucro
Indirecto: Las ONGs se benefician, en principio, de la exención total del IUE.
No obstante, el caso AGIT-RJ
0108/2020 demuestra la susceptibilidad de esta prerrogativa. Una
fundación solicitó su exención, pero la Administración Tributaria la denegó
bajo el método de interpretación literal, observando que el Artículo 40 de su
Estatuto Orgánico autorizaba la obtención de "ingresos propios"
derivados de rentas, intereses e inversiones patrimoniales. El fisco argumentó
que la inversión de capital implica un ánimo de obtener lucro en algún negocio
o actividad financiera, advirtiendo el riesgo de que corporaciones camuflen
actividades lucrativas bajo el velo de una ONG. La institución apeló indicando
que todo rendimiento engrosaba los fondos sociales estrictamente dirigidos a su
objeto benéfico, prohibiendo la distribución entre socios. Aunque en este caso
inicial existió un rechazo cautelar, la doctrina administrativa posterior de la
AGIT, evidenciada en la Resolución AGIT-RJ 0700/2026, corrigió estas
asimetrías. En este último caso, se falló a favor del contribuyente, declarando
improcedente el rechazo del SIN a la exención del IUE, estableciéndose que la
mera existencia de inversiones de resguardo financiero no desvirtúa la
finalidad no lucrativa si no se comprueba distribución de utilidades.
Entidades del Estado (DIRCABI): En
un espectro diametralmente opuesto, la Resolución AGIT-RJ 0277/2026
resolvió si la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes
Incautados (DIRCABI) una entidad pública desconcentrada del Ministerio de
Gobierno, debe tributar el IUE, IVA e IT por los contratos de arrendamiento que
suscribe sobre inmuebles secuestrados al narcotráfico. DIRCABI argumentó que no
alquila por libre albedrío ni ejerce el comercio, sino que cumple un mandato
legal para evitar el deterioro de los bienes bajo su custodia, depositando los
cánones en cuentas fiscales sin perseguir enriquecimiento corporativo. La AGIT,
aplicando la teoría objetiva del Hecho Generador, concluyó que el arrendamiento
de bienes de forma habitual y sistemática mediante procedimientos competitivos
configura indubitablemente las actividades gravadas secundarias previstas en la
norma. Se ratificó que DIRCABI, al ejercer funciones asimilables al
"Alquiler de Bienes Raíces", es sujeto pasivo del impuesto y debe
emitir notas fiscales (facturas) de forma ineludible, priorizando la equidad
tributaria horizontal sobre la inmunidad estatal.
Para el SIN y la AGIT, la
rectificación a favor del contribuyente que requiere previa autorización, es
tratada con extremado recelo probatorio. No bastó con demostrar el error en los
Libros de Ventas o los Comprobantes Electrónicos. La Administración denegó la
solicitud exigiendo que el contribuyente rehiciera y justificará
documentalmente toda la composición analítica del movimiento de cuentas,
específicamente la mecánica de acreditación de la Regalía Minera (RM) frente al
IUE, que depende de las cotizaciones internacionales de los minerales conforme
al Artículo 101 del Código de Minería y la Ley N° 3787; montos acreditables y
no acreditables según umbrales de precios.
El dictamen doctrinal (AGIT-RJ
0628/2024) fundamenta que las Declaraciones Juradas se presumen "fiel
reflejo de la verdad", y para quebrar esa presunción a favor del sujeto pasivo, este debe
sortear un escrutinio total de sus estados financieros y anexos, asumiendo una
carga procesal casi punitiva para corregir un simple error aritmético.
|
Año |
Fallo / Resolución |
Impuesto Vinculado |
Sentido del Fallo Final |
Ratio Deciden di Principal
(Núcleo del Litigio) |
|
2020 |
AGIT-RJ 0108/2020 |
IUE |
Fallo a favor de SIN (Rechazo de Exención) |
La
percepción de rendimientos financieros y rentas e ingresos propios por ONGs
cuestiona su estatuto de entidad no lucrativa exenta. |
|
2021 |
AGIT-RJ 0212/2021 |
IUE / IVA |
Revocatoria Total (A favor de Contribuyente) |
La
ampliación de la prescripción a 8 años Ley N° 812 no es aplicable
retroactivamente SCP N° 0012/2019-S2 |
|
2021 |
ARIT-SCZ-RA 0315/2021 |
IUE |
Revocatoria Parcial |
Depuraciones
contables y deducciones en periodos específicos de gestión. |
|
2022 |
AGIT-RJ 0179/2022 |
IVA / IUE |
Revoca fallo previo a favor de SIN |
Obligatoriedad
estricta de respaldar liquidaciones tributarias conforme a los preceptos
formales del Código de Comercio. |
|
2023 |
AGIT-RJ 0125/2023 |
IVA / IUE / RC-IVA |
Revocatoria Total (A favor de Contribuyente) |
Conflictos
procedimentales sobre exigibilidad al Agente de Retención de copias y
originales del Formulario 110. |
|
2023 |
ARIT-SCZ-RA 0192/2023 |
IT / IUE |
Revocatoria Total (A favor de Contribuyente) |
Es válido
compensar el IT con IUE utilizando el Formulario 430 (inmuebles), primando la
verdad económica sobre el error paramétrico. |
|
2023 |
AGIT-RJ 0373/2023 |
IUE / IVA |
Revocatoria Parcial |
Limitación
de la deducibilidad de provisiones (Devengado); el gasto por primas procede,
pero contingencias ISO sin contratos son rechazadas. |
|
2023 |
AGIT-RJ 0497/2023 |
IVA |
Confirma fallo (A favor de SIN) |
La depuración de facturas sospechosas de falsedad en sede
administrativa no requiere sentencia judicial penal previa.8 |
|
2023 |
AGIT-RJ 1049/2023 |
IVA / IUE / IT |
Revocatoria Parcial (A favor de Contribuyente) |
Nulidad
del acto administrativo por carecer de la cuantificación de la "Base
Imponible" en sus cuadros liquidatorios, generando indefensión. |
|
2023 |
AGIT-RJ 1050/2023 |
IVA / IUE |
Revocatoria Parcial / Confirma SIN |
Carencia
de vinculación estricta de insumos de bioseguridad/higiene. El ajuste por
inflación a la baja y "Gross up" resultan no deducibles. |
|
2024 |
ARIT-SCZ-RA 0094/2024 |
IT / IUE |
Revocatoria Total (A favor de Contribuyente) |
Procede
la deducción del IT acreditado con IUE. El sistema de redondeo de decimales
de la plataforma fiscal no constituye evasión. |
|
2024 |
AGIT-RJ 0628/2024 |
IUE |
Confirma fallo (A favor de SIN) |
Imposibilidad
material de admitir una Declaración Ratificatoria a favor del contribuyente
minero sin probar intrincados ajustes de Regalía Minera. |
|
2024 |
AGIT-RJ 0921/2024 |
IVA |
Confirma fallo (A favor de SIN) |
Desestimación
inexcusable del crédito fiscal ante la simple ausencia de la Factura
Original, a pesar de existir flujo financiero bancarizado. |
|
2026 |
AGIT-RJ 0043/2026 |
IUE |
Confirma fallo (A favor de Contribuyente) |
Declaratoria
de Prescripción. El Estado reconoció la suspensión por 320 días del periodo
de la pandemia COVID-19, pero el plazo total ya había caducado. |
|
2026 |
AGIT-RJ 0277/2026 |
IUE / IVA |
Confirma fallo (A favor de SIN) |
Instituciones
Estatales (DIRCABI) deben tributar si efectúan arrendamientos periódicos de
bienes bajo su administración acto gravado |
|
2026 |
AGIT-RJ 0545/2026 |
IVA |
Confirma fallo (A favor de SIN) |
Facturas
rechazadas por falta de idoneidad probatoria que evidencie uso y destino
exacto en el proceso productivo. Exceso de plazos del SIN considerada falta
leve. |
|
2026 |
AGIT-RJ 0700/2026 |
IUE |
Revocatoria (A favor de Contribuyente) |
Validación
de exención del IUE al demostrarse la inexistencia de reparto de utilidades
en entidades sin fines de lucro. |
6.
Conclusiones, Implicaciones Sistémicas y Recomendaciones.
La inmersión dogmática en el acervo
jurisprudencial de la Autoridad General de Impugnación Tributaria durante el
sexenio 2020-2026 evidencia un panorama contencioso de máxima tensión, dominado
por el choque entre el afán recaudador del Estado y el resguardo de las
libertades comerciales y procesales del contribuyente. Del escrutinio de estas
resoluciones afloran lineamientos ineludibles que redefinen la relación
fisco-contribuyente en Bolivia.
En primer lugar, se advierte la
abolición total del paradigma documental simple. Las resoluciones AGIT-RJ
0497/2023, 0921/2024 y 0545/2026 han cimentado el dogma de la "Verdad
Material" como una espada de doble filo. Si bien protege al Estado
contra esquemas de facturas falsas, traslada de facto una carga probatoria y auditora
abrumadora hacia las empresas privadas. Ya no es suficiente con pagar una
factura y bancarizar la transacción; el cumplimiento tributario moderno exige
la instauración de una Auditoría Defensiva Obligatoria, donde el sujeto pasivo
debe documentar con contratos civiles, guías de despacho, correos de
negociación, actas de conformidad y fotografías, cada peso descontado como
crédito fiscal o gasto deducible del IUE.
Tercero, existe una asimetría
procesal de alto riesgo. Mientras que los errores paramétricos de las
plataformas informáticas de la Administración Tributaria o los retrasos
burocráticos más allá del lapso de 12 meses de fiscalización son comúnmente
tratados como defectos subsanables o meras "faltas disciplinarias
internas", los errores de los contribuyentes —como un doble registro
involuntario en la minería (AGIT-RJ 0628/2024)— conllevan el rechazo de
rectificatorias y multas confiscatorias bajo la presunción de que el primer
error es ley entre las partes.
Recomendaciones para el Ejercicio Corporativo:
La
jurisprudencia analizada exige que los directorios corporativos y las firmas de
cumplimiento legal asuman políticas proactivas draconianas. Se sugiere
imperativamente no limitar la contabilidad al registro de comprobantes
(Formularios 110, 400, 430), sino integrar áreas legales en el proceso de
adquisición, blindando civilmente todo gasto indirecto. Adicionalmente, frente
a cualquier notificación fiscalizadora, el análisis aritmético de los tiempos
de prescripción considerando meticulosamente los periodos suspensivos de la
emergencia sanitaria y las resoluciones judiciales previas constituye la
primera y más poderosa línea de defensa para proteger el patrimonio corporativo
antes de ingresar al intrincado debate de la base imponible y el crédito
fiscal.
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