Tributariamente la prescripción opera como un límite material e inexorable al ejercicio del poder coactivo del Estado, donde el simple transcurso del tiempo extingue el derecho sustantivo del fisco si este permanece inactivo, los plazos en este caso fueron determinantes porque demostraron un desfase de fechas de emisión de actos jurídicos por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) al momento en que intentó formalizar la deuda.
La fundamentación se estructura en el análisis de hitos temporales críticos, donde los límites de competencia extinguían el 31 de diciembre de 2015; de los hechos imponibles observados correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio y julio de la gestión 2011. Por mandato del artículo 60, parágrafo I de la Ley N° 2492 (sin modificaciones), el cómputo de cuatro años inició indefectiblemente el 1 de enero de 2012. Esto fijó el 31 de diciembre de 2015 como el último día hábil para que la Administración Tributaria determinará la deuda e impusiera sanciones.
La Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo el 12 de septiembre de 2016 y la Resolución Determinativa el 8 de noviembre de 2016; ambas notificaciones ocurrieron casi un año después de que el plazo de cuatro años hubiera fenecido, lo que significa que el SIN actuó cuando sus facultades de verificación y determinación ya se encontraban completamente extintas por prescripción. Las actuaciones del SIN en 2016 no pudieron producir el efecto de interrumpir el cómputo de la prescripción, puesto que es jurídicamente imposible interrumpir un plazo que ya se ha perfeccionado y agotado, al no existir causales previas de interrupción antes del 31 de diciembre de 2015, la inactividad de la administración selló la extinción de la obligación. La exactitud de estos plazos destruyó el argumento central del fisco sobre la etapa de ejecución, el SIN pretendía cobrar la deuda basándose en que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) emitido en 2017 gozaba de la imprescriptibilidad introducida por modificaciones legales posteriores leyes 291, 317 y 812; sin embargo, al comprobarse que la Resolución Determinativa base nació fuera de plazo, se aplicó la doctrina de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0928/2023-S4, la cual prohíbe taxativamente convalidar un proceso de ejecución tributaria si las facultades previas de determinación ya estaban prescritas. La clara delimitación temporal de los periodos de 2011; obligó a resolver el caso bajo la normativa original vigente en ese momento cuatro años de prescripción, impidiendo que el fisco utilizara leyes promulgadas de manera posterior para justificar u ocultar su retraso operativo. En síntesis, los plazos fueron la pieza clave de la defensa porque evidenciaron que el Título de Ejecución Tributaria no se apoyaba en un procedimiento válido, sino en actuaciones tardías realizadas por una Administración que ya había perdido competencia sobre esos periodos específicos.
Contextualizando, la resolución la Autoridad de impugnación Tributaria, el Servicio de Impuesto Internos, emitió una Orden de Verificación de fecha 30 de Septiembre de 2014; bajo la modalidad Operativo Específico de Crédito Fiscal correspondientes a los períodos fiscales de enero a julio de la gestión 2011; exigiendo presentará la documentación de descargo al efecto de diferencias entre declaraciones juradas y registro de compras, la cual la documentación no fue presentada en su totalidad por esta razón se emite un acta de contravención tributaria vinculadas al procedimiento de determinación, aplicando la multa de Bs 1.500.- Ufv 's; por incumplimiento de deberes formales. No obstante el SIN determinó la deuda tributaria con la notificación de la resolución determinativa el 08 de Noviembre de 2016.
La orden de verificación, al parecer tuvo un efecto de INTERRUPCIÓN de la prescripción tributaria, por parte del SIN; y no una suspensión del cómputo de las PRESCRIPCIÓN; por un plazo máximo de 6 meses, según el Art. 62 del texto de la Ley Nro 2492 CTB; la clave técnica aquí es que suspender no significa que la deuda prescriba seis meses después de esa notificación, sino que el tiempo legal "se congela" o deja de correr durante ese lapso.
Veamos el desglose del cómputo paso a paso:
El cronómetro inicial: El plazo total que tiene el SIN para actuar es de 4 años exactos (48 meses).
El punto de partida: El reloj comenzó a correr el 1 de enero de 2012. Si nunca se hubiera detenido por ninguna actuación, los 4 años íntegros se habrían cumplido el 31 de diciembre de 2015.
El botón de pausa (La Suspensión): El 30 de septiembre de 2014, el SIN notificó la Orden de Verificación. En ese exacto momento, el reloj de la prescripción se detiene.
El tiempo muerto: La norma estipula que esta pausa dura como máximo 6 meses. Durante ese semestre (de octubre de 2014 a fines de marzo de 2015), el reloj a favor del contribuyente no avanza. Es un "tiempo muerto" que la ley le otorga al SIN para que haga su trabajo.
La reanudación: Transcurridos los 6 meses de pausa máxima, el reloj vuelve a correr automáticamente para completar los meses que aún le faltaban para llegar a los 4 años totales.
Como el reloj estuvo detenido durante 6 meses a mitad del camino, ese mismo tiempo debe sumarse al final de la fecha de vencimiento original para compensar la pausa.
Vencimiento original sin pausa: 31 de diciembre de 2015.
Adición del tiempo congelado: + 6 meses.
Vencimiento fatal extendido: 30 de junio de 2016.
Incluso sumando a favor del fisco la suspensión máxima de seis meses generada por el inicio de la fiscalización, la Resolución Determinativa llegó más de cuatro meses tarde. La Administración Tributaria mantuvo el proceso abierto desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2016 para emitir su determinación final. Tomarse más de dos años para cerrar una verificación específica de crédito fiscal refleja una grave ineficiencia operativa.
Al declarar la prescripción, la Autoridad de Impugnación Tributaria castiga esta inactividad amparándose en el derecho fundamental del art. 115.II de la CPE. La figura de la prescripción extintiva existe justamente para esto para penalizar la negligencia del Estado sujeto activo y evitar que el contribuyente quede sometido a una incertidumbre jurídica indefinida por la simple incapacidad operativa del ente fiscalizador para cumplir sus propios plazos.
El contribuyente tiene derecho a conocer cuándo una actuación administrativa ha concluido y también en este procedimiento iniciado por el propio contribuyente. Tiene derecho a saber si el procedimiento sigue vivo o si ha dejado de existir y qué puede y debe esperar al respecto; esto es, debe tener certezas y no incertidumbres. Y la Administración, del mismo modo que exige a los contribuyentes el cumplimiento de plazos y requisitos formales, debe exteriorizar también cuándo una determinada actuación ha llegado a su fin. Me refiero al Orden de Verificación y los demás procedimientos tributarios necesarios para llegar a la resolución determinativa.
Podría sostener que quien presenta una declaración jurada simplemente pone en marcha un mecanismo legal que, a partir de ese momento, queda bajo la dirección de la Administración Tributaria, precisamente por ello resulta difícil justificar que la forma de iniciación del procedimiento altere el régimen de las garantías que lo acompañan la seguridad jurídica no cambia según quién haya dado el primer paso.
Si la Administración conserva intacto su derecho a comprobar mientras no haya prescrito, ¿qué importancia tiene declarar expresamente la caducidad de un procedimiento antes de comenzar otro? Sin embargo, la respuesta es sencilla: porque el Ordenamiento no solo protege el resultado de la actuación administrativa, sino también la forma en que esta se desarrolla necesariamente a través de un procedimiento.
Pues bien, lo que parece evidente es que un procedimiento que ha agotado su plazo máximo de duración no puede permanecer en una especie de limbo jurídico. Si ha terminado, debe decirse de forma expresa. Si sus actuaciones han perdido eficacia, debe reconocerse con idéntica claridad y publicidad, y así entonces podrá abrirse un nuevo cauce procedimental como es la vía administrativa.
Porque las potestades del SIN necesitan un comienzo, pero también un final. El tiempo no puede ser una carga que solo pese sobre el contribuyente, también debe operar como límite efectivo para quien las ejerce. Esa es, precisamente, una garantía del Estado de Derecho.
https://servicios.ait.gob.bo/admin/docres/AGIT-RJ-0723-2026.pdf.

