20/01/2026

Realidades de la contabilidad boliviana que te sorprenderán:

 

Realidades de la contabilidad boliviana que te sorprenderán:

Pregúntele a un empresario boliviano sobre contabilidad y probablemente escuchará un suspiro sobre los impuestos. Se percibe como una tarea rígida, retrospectiva y diseñada para la autoridad fiscal. Esta percepción no sólo es errónea, sino que está costando a las empresas los conocimientos estratégicos que necesitan para prosperar. La realidad de la información financiera es mucho más compleja, dinámica e interesante. Es un campo que mezcla la historia normativa local con los principios globales más avanzados, y donde el juicio profesional juega un papel tan crucial como el cálculo preciso. Lejos de ser un mero ejercicio de cumplimiento, la contabilidad es una pieza estratégica para la toma de decisiones. En este artículo, revelaremos cinco realidades clave de la contabilidad boliviana que desafían estas nociones preconcebidas. Descubrirá que el mundo de los estados financieros va mucho más allá de la simple liquidación de impuestos, ofreciendo una visión más profunda del verdadero propósito de la información financiera.

1. No es ciencia exacta: La contabilidad es "razonable", no perfecta.

Una de las mayores sorpresas es que los estados financieros no son una fotografía exacta de la realidad económica. En su lugar, operan bajo un "marco de presentación razonable". Esto significa que, si bien se preparan con rigor, no pretenden ser perfectos hasta el último centavo. La razón es que la economía está llena de incertidumbres. Para reflejarlas fielmente, la contabilidad incorpora elementos como las  estimaciones contables por ejemplo, el cálculo del deterioro de valor del inventario, la vida útil de los activos fijos o el reconocimiento de provisiones y el  juicio profesional  de quien prepara la información. Además, se aplica el concepto de  materialidad : una incorrección pequeña que no tiene la capacidad de influir en las decisiones económicas de los usuarios no invalida la razonabilidad del informe. Esto significa que dos contadores diferentes y altamente competentes pueden llegar a cifras de ganancias ligeramente distintas pero igualmente "razonables" para la misma empresa. Para un inversor, esto subraya la necesidad de leer las notas a los estados financieros, donde se explican estas estimaciones y juicios críticos, en lugar de limitarse a mirar la cifra final. Este hecho, por sí solo, transforma la contabilidad de una simple aritmética a una disciplina de interpretación y criterio profesional, el solo hecho de entender que ciertos importes no van a ser exactos sino van a provenir de estimaciones que son desarrolladas en base al juicio o el criterio de quien prepara estados financieros ya nos da la condición de que ese estado financiero no va a ser exacto sino simplemente va a ser razonable.

2. Dos mundos paralelos: Tus estados financieros no son para pagar impuestos.

Existe una confusión fundamental entre la información financiera preparada para el público y la que se usa para el fisco. En Bolivia, coexisten dos marcos normativos distintos:

  • Estados Financieros de Propósito General:  Se basan en las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NCGA) y están diseñados para satisfacer las necesidades de una amplia gama de usuarios (inversionistas, bancos, proveedores, etc.). Su objetivo es presentar una imagen fiel y razonable de la situación de la empresa.

  • Información de Propósito Específico:  Es un "marco de cumplimiento" estricto, como el definido por el Decreto Supremo 24051, cuyo único fin es la liquidación y pago de impuestos para la administración tributaria. Él procedimiento correcto no es preparar la contabilidad con reglas tributarias. Es partir del estado financiero de propósito general y, a partir de su utilidad, realizar una "conciliación tributaria" para ajustar las diferencias y llegar a la base imponible del impuesto. Es crucial "destributarizar" la contabilidad para que sirva como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la obtención de financiamiento y la evaluación del rendimiento, y no solo como un formulario para el fisco....implícitamente queremos llevarles a ustedes a tratar de destributarizar la preparación de la información financiera.

3. El invitado 'obligatorio': Las Normas Internacionales (NIIF) ya son vigentes en Bolivia (con un truco).

Muchos profesionales consideran la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS por sus siglas en inglés) como una novedad o algo opcional. La realidad es que su vigencia en Bolivia se estableció en 1994. Sin embargo, su aplicación funciona con un "truco" conocido como  aplicación supletoria .Esto significa que las NIIF se deben aplicar de manera obligatoria únicamente cuando no existe una norma local específica para tratar una transacción o evento, y siempre que no contradigan la normativa boliviana vigente. No se trata de una "adopción plena", donde se reemplaza todo el marco local por el internacional, sino de una "adopción parcial" y condicionada. Esta coexistencia crea un sistema híbrido que exige a los contadores dominar tanto las 14 normas locales como el vasto compendio de los estándares internacionales las NIIF, en bolivia están plenamente vigentes pero no bajo el concepto de una adopción plena sino mediante el concepto de una adopción o una aplicación supletoria.

4. El gran intento fallido: La historia de cómo Bolivia casi adopta las NIIF por completo.

Entre 2009 y 2011, la profesión contable en Bolivia vivió un momento de enorme impulso. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se preparó todo el andamiaje técnico para converger completamente hacia las NIIF. El Consejo Técnico Nacional emitió un conjunto de resoluciones para las "normas en convergencia", adaptando los estándares internacionales para su aplicación en el país. El proyecto estaba técnicamente listo para modernizar la contabilidad boliviana. Sin embargo, en 2012, todo ese impulso se frenó en seco. El proyecto fue revertido debido a la falta de "voluntad desde el punto de vista político y legal" para homologar estas nuevas normas y hacerlas de cumplimiento obligatorio. Este dramático giro es un momento clave en la historia profesional del país. Explica por qué, a diferencia de muchos vecinos de la región, Bolivia no avanzó hacia una adopción plena y se mantiene hasta hoy en el modelo de aplicación supletoria, un legado de un futuro que casi fue, obviamente no había la voluntad desde el punto de vista político y legal que permita la homologación de esas normas y al permitir la homologación también la aplicación obligatoria de ellas y entonces el año 2012 como que tuvimos que dar un pasito para atrás.

5. Un rompecabezas incompleto: Por qué las 14 normas locales no son suficientes.

El revés político de 2012 dejó a la profesión en una posición precaria, obligada a depender de un marco normativo que ya mostraba su edad. Las 14 normas de contabilidad locales, aunque fundamentales, son significativamente limitadas. Muchos de sus conceptos han quedado "obsoletos" y presentan vacíos en áreas cruciales para los negocios modernos. Por ejemplo, no existe una norma local específica para el tratamiento de temas tan fundamentales como  inventarios , el  estado de flujos de efectivo ,  activos intangibles, el reconocimiento de  ingresos  o los  instrumentos financieros . Para poner la escala en perspectiva: el compendio de normas locales tiene alrededor de 170 páginas, mientras que las NIIF superan las 7,000. Esto es precisamente por lo que dominar las NIIF no es opcional para el contador boliviano ambicioso. Las 14 normas locales proporcionan la base, pero los estándares internacionales son las herramientas esenciales necesarias para construir una imagen financiera completa y moderna, que abarque desde la valoración de una marca de software hasta la contabilidad de derivados financieros complejos. La aplicación supletoria no es una opción, es una necesidad imperativa....muchos de los conceptos y los criterios contenidos en nuestras normas de contabilidad en muchos casos ya han quedado obsoletos algunos conceptos Por ahí han sido superados...

Conclusión

Como hemos visto, la contabilidad en Bolivia es un campo mucho más estratégico y complejo de lo que su reputación sugiere. Es una disciplina que exige un delicado equilibrio entre un marco normativo local con décadas de historia y la aplicación obligatoria de estándares globales para llenar sus vacíos. Entender estas realidades es el primer paso para dejar de ver la contabilidad como una carga fiscal y comenzar a utilizarla como lo que realmente es: el lenguaje de los negocios. La verdadera pregunta ya no es si la contabilidad boliviana es compleja, sino si sus profesionales y líderes empresariales están listos para aprovechar esa complejidad. En una economía global que funciona con datos transparentes y comparables, dominar este sistema dual no es solo un ejercicio académico, es el precio de admisión al escenario internacional.



16/01/2026

Análisis Técnico-Normativo: Resolución CTNAC 001/2025 y el Marco de Información Financiera en Bolivia


1. Marco Introductorio y Contexto Estratégico

La emisión de la Resolución CTNAC 001/2025 constituye una actualización crítica del marco normativo boliviano, sucediendo formalmente a la Resolución 01/2012. Este pronunciamiento, emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) bajo la égida del Colegio de Auditores de Bolivia (CAUB), no debe interpretarse como una mera sugerencia técnica, sino como el eje central de la transparencia financiera y la seguridad jurídica para las empresas en el país.

Es imperativo que el profesional contable distinga la jurisdicción normativa del CTNAC. Esta resolución regula estrictamente los Estados Financieros de "Propósito General", definidos como aquellos destinados a satisfacer las necesidades de una diversidad de usuarios y que requieren publicación anual. Por el contrario, la información de "Propósito Específico", como los reportes para la ASFI (bajo su manual de cuentas propio) o el Servicio de Impuestos Nacionales (con fines exclusivamente liquidatorios), se rige por sus propios entes reguladores. El núcleo de la Resolución 001/2025 radica en la ratificación de las 14 normas locales y una apertura regulada hacia estándares internacionales, estableciendo un ecosistema contable que demanda rigor absoluto en su interpretación.

 2. Estructura y Jerarquía del Marco Normativo Boliviano

El sistema boliviano se consolida como un modelo híbrido basado en la primacía de la norma local con auxilio internacional supletorio. La jerarquía establecida no permite ambigüedades:

1. Primer Nivel (Normativa Local): Las 14 Normas de Contabilidad (NC) emitidas por el CTNAC son de cumplimiento preferente y obligatorio.

2. Segundo Nivel (Aplicación Supletoria): Ante la ausencia de una norma local específica o para complementar aspectos insuficientes, se recurre a los estándares internacionales (NIIF/NIC). Cabe destacar que, a pesar del volumen del marco internacional, en la actualidad solo permanecen activas cinco (5) interpretaciones SIC, un detalle técnico que el auditor debe dominar para evitar el uso de normas derogadas.

El Conflicto Normativo La aplicación supletoria sólo procede si no existe contradicción con la normativa nacional. Un ejemplo crítico se observa en la Capitalización de Intereses. Mientras que la NC 1 (local) y la NIC 23 (NIIF Plenas) permiten capitalizar costos por préstamos en activos aptos durante su adquisición, la NIIF para las PYMES exige que todos los costos por préstamos se reconocen como gasto. En este escenario, la primacía de la norma local permite opciones que la norma internacional para PYMES restringe, lo que demuestra que la elección del marco internacional impacta directamente en las políticas de reconocimiento y medición de la entidad. Asimismo, en la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo, la NC 11 establece la obligatoriedad del estado, pero es la NIC 7 la que debe aplicarse supletoriamente para definir la metodología técnica de presentación.

 3. Dualidad Excluyente: NIIF Plenas vs. NIIF para las PYMES

La Resolución 001/2025 introduce formalmente la NIIF para las PYMES (Revisión 2025). Es fundamental precisar que, si bien esta revisión tiene vigencia internacional obligatoria a partir de 2027, el CTNAC autoriza y fomenta su adopción anticipada en Bolivia para la gestión 2025, permitiendo a las empresas beneficiarse de una plataforma normativa más estable y simplificada.

Criterio de Selección

NIIF Completas (Plenas)

NIIF para las PYMES (Rev. 2025)

Volumen y Complejidad

Aprox. 7,000 páginas; alta exigencia de revelación.

Aprox. 600 páginas; revelaciones sustancialmente reducidas.

Criterios de Medición

Modelos complejos (valor razonable extenso).

Métodos simplificados y lenguaje accesible.

Costos por Préstamos

Permite capitalización (NIC 23) en activos aptos.

Prohibido: Deben registrarse siempre como gasto.

Elegibilidad (Sección 1)

Entidades con responsabilidad pública.

Entidades sin responsabilidad pública ni actividad fiduciaria.

 Mandato de Rigurosidad y No Hibridación: El profesional colectivo debe rechazar cualquier intento de hibridación. La elección de un marco es excluyente: si se opta por NIIF para las PYMES, se prohíbe utilizar criterios de NIIF Plenas y viceversa. La elegibilidad debe evaluarse bajo la Sección 1; por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito, independientemente de su reducido tamaño, posee responsabilidad pública al realizar actividades fiduciarias (administración de fondos de terceros), por lo cual tiene estrictamente prohibido el uso de la NIIF para las PYMES.

 4. Obligatoriedad Legal y Homologación Estatal

Es imperativo desterrar la idea de que las normas del CTNAC son meras directrices profesionales. Su fuerza de ley emana de la homologación estatal mediante la Resolución 370/2008 y la RAC 28/2009 de la ex-Superintendencia de Empresas (hoy ASFE). El incumplimiento de este marco no solo desvirtúa la "presentación razonable", sino que constituye una infracción administrativa sujeta a sanciones según la normativa sancionatoria vigente desde 2001.

La autoridad de este marco se ve reforzada por el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que en recientes sesiones técnicas ha ratificado que incluso las entidades del sector público deben alinearse con los criterios emitidos por el CTNAC. Esta validación estatal blinda la obligatoriedad de la norma frente a cualquier cuestionamiento sobre su vinculatoriedad legal bajo el Código de Comercio.

 5. Análisis de Partidas Críticas y Realidad Económica

La actual coyuntura económica exige una interpretación técnica que priorice la esencia económica sobre la forma:

• Ajuste por Inflación (NC 3): A pesar de una inflación acumulada del 20.96% a noviembre de 2025, el CTNAC mantiene la suspensión del ajuste. La justificación técnica reside en que el parámetro del 12% es insuficiente por sí solo; se requiere un "incremento general y sostenido". Dado que la tendencia mensual a finales de 2025 se estabilizó entre el 0.20% y 0.40%, no se configura el escenario de hiperinflación técnica que obligue a reponer el ajuste para el cierre de gestión.

• Diferencias de Cambio vs. Comisiones (NC 6 y 12): El auditor debe ser intransigente ante la reclasificación errónea de costos financieros. Si una entidad accede a divisas con comisiones bancarias del 120% al 180%, solo el diferencial entre el tipo de cambio oficial (6.96) y el efectivamente pactado (6.97) es "Diferencia de Cambio". El excedente por comisión debe exponerse como un Gasto por Servicios Bancarios.

• Activos Virtuales (Criptoactivos): Siguiendo la resolución de la ASFI, el uso de activos virtuales para liquidar obligaciones no genera diferencias de cambio. Estos deben registrarse en cuentas específicas según su naturaleza y no deben confundirse con la valoración de moneda extranjera tradicional.

• Tipos de Cambio: Los tipos de cambio "referenciales" del BCB carecen de carácter legal para la valoración contable oficial. Los estados financieros deben valuarse al tipo de cambio oficial vigente. El uso de tasas referenciales se limita exclusivamente a notas aclaratorias complementarias.

6. Conclusiones y Recomendaciones para la Práctica de Auditoría

La Resolución CTNAC 001/2025 se erige como el nuevo estándar de oro para la profesión en Bolivia. Asimismo, la reciente adhesión de Bolivia al Mercosur impone un mandato legal para la convergencia plena hacia estándares internacionales en el corto plazo, lo que transforma la correcta aplicación de este marco transitorio en una responsabilidad ineludible.

Recomendaciones para el Auditor:

1. Test de Elegibilidad: Documentar formalmente el análisis de la Sección 1 de la NIIF para PYMES en los papeles de trabajo para justificar la aplicación del marco ante inspecciones de la ASFE.

2. Verificación de la Nota de Cumplimiento: Exigir que la nota de "Principales Políticas Contables" declare explícitamente el cumplimiento con las NC (1-14) y especifique cuál de los dos marcos internacionales se aplica supletoriamente.

3. Detección de Hibridación: Vigilar que no existan mezclas de políticas (ej. capitalizar intereses bajo NC 1 y simultáneamente aplicar simplificaciones de la NIIF para las PYMES).

4. Respaldo Documental de Divisas: Evaluar la realidad económica de las transacciones en moneda extranjera, asegurando que las elevadas comisiones bancarias no oculten deficiencias en la exposición de gastos operativos.

 

24/11/2024

¿Es la indemnización de un Seguro una Operación Gravada por el IVA y Corresponde la Emisión de una Factura o Documento Fiscal?

 ¿Es la indemnización de un Seguro una Operación Gravada por el IVA y Corresponde la Emisión de una Factura o Documento Fiscal?

Cuando hablamos de impuestos en Bolivia, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) suele estar en el centro de la discusión, especialmente en sectores como los seguros, donde el tratamiento tributario de la indemnización puede no estar del todo claro. En este artículo exploramos a fondo si la indemnización de un seguro constituye una operación gravada por el IVA y si esto conlleva la obligación de emitir una factura o comprobante fiscal.


Para abordar esta cuestión de manera clara y con respaldo normativo, analizaremos cómo la legislación boliviana define el hecho gravado, la naturaleza jurídica de la indemnización y el criterio aplicable en casos de excepción. Este enfoque nos permitirá comprender de manera integral cómo se aplica el IVA en operaciones de seguros y qué prácticas son recomendables para cumplir con la normativa sin incurrir en obligaciones fiscales innecesarias.


La Naturaleza de la Indemnización: Compensación, No Valor Añadido

El propósito de una indemnización es simple pero esencial: resarcir al beneficiario por una pérdida. En el caso de los seguros, este acto no es una prestación de servicios en el sentido tradicional ni una transacción de bienes. El asegurador, en lugar de proveer un bien o servicio nuevo, cumple con su compromiso de indemnizar, es decir, restablece la posición económica del beneficiario al estado previo al siniestro.


Bajo la legislación boliviana, la base del IVA se encuentra en las transferencias de bienes o prestación de servicios que impliquen una creación de valor económico adicional. Al analizar la indemnización desde esta óptica, queda claro que no cumple con los requisitos de generación de valor añadido, ya que la indemnización no representa un acto comercial nuevo, sino el cumplimiento de una obligación contractual preexistente.


Fundamentos Legales: ¿Dónde se Encuentra el Hecho Gravado en Bolivia?

De acuerdo con la Ley 843, el IVA en Bolivia grava principalmente dos hechos:


1.La transferencia de bienes

2.La prestación de servicios a título oneroso.


Para que una operación esté sujeta a IVA, debe implicar una contraprestación directa. La indemnización, al no ser una contraprestación o transacción generadora de valor, queda fuera del alcance del IVA en términos de la ley boliviana.


¿Qué dice el Servicio de Impuestos Nacionales?

En la práctica, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no considera la indemnización como un hecho gravado, ya que el acto de reembolsar al beneficiario no crea un valor económico adicional. Este tratamiento está alineado con la práctica internacional y con el enfoque de jurisdicciones donde se gravan únicamente transacciones que representen un consumo o creación de valor.


La Emisión de Documentos Fiscales: ¿Es Necesaria una Factura?

Dado que la indemnización de seguros no constituye un hecho gravado por el IVA, no corresponde la emisión de una factura o documento fiscal. Sin embargo, la emisión de un comprobante no fiscal es común en la práctica, como respaldo contable que acredita el monto y el motivo de la indemnización. Este comprobante, aunque no fiscal, permite a las partes involucradas documentar la operación para efectos internos y contables, pero no implica una declaración o pago de IVA.


Excepciones: ¿Cuándo Podría Ser Diferente el Tratamiento?

En algunos casos excepcionales, cuando el asegurador ofrece bienes o servicios adicionales al beneficiario como parte de la compensación –por ejemplo, bienes en reemplazo de los siniestrados–, estos pueden estar sujetos a IVA. Sin embargo, esta situación es distinta de la indemnización en sí y debe tratarse de manera independiente, aplicando las normas que regulan cada tipo de operación.


Análisis Comparativo: Enfoque Internacional

Inspirándose en la claridad analítica de expertos tributarios como Richard A. Musgrave y Gabriel Zucman, quienes sostienen que los impuestos de consumo, como el IVA, deben aplicarse solo a operaciones que impliquen una transacción de valor añadido, la indemnización no debería estar sujeta a IVA. En jurisdicciones internacionales, la indemnización tampoco se considera gravable, ya que representa un reembolso, no una creación de riqueza o consumo.


Reflexión Final: ¿Cómo Afecta Esto a Empresas y Beneficiarios en Bolivia?

El tratamiento fiscal de la indemnización de seguros tiene implicaciones directas para las empresas aseguradoras y para los beneficiarios. Comprender que esta operación no está gravada por IVA elimina la preocupación de emitir facturas innecesarias y permite a las partes centrarse en el cumplimiento contractual, sin costos fiscales adicionales. Este enfoque se alinea con los principios de justicia fiscal y eficiencia económica defendidos por analistas como Joseph Stiglitz, quien afirma que la tributación debe ser lógica y evitar gravar actos económicos que no generan valor.


En conclusión, bajo la legislación boliviana, la indemnización de una póliza de seguro no está gravada por el IVA, y no corresponde la emisión de una factura o documento fiscal al beneficiario. Esta interpretación refleja el carácter no oneroso y compensatorio de la indemnización, que no se considera un acto de transferencia o generación de valor. Con esta claridad normativa, tanto las aseguradoras como los beneficiarios pueden operar dentro del marco legal sin asumir cargas tributarias indebidas.



20/06/2024

CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN EL IUE.

CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS PARA DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN EL IUE.

Para determinar correctamente la base imponible del IUE, la Administración Tributaria debe considerar además de los ingresos brutos todos los gastos incurridos para obtener la utilidad gravada, lo contrario representaría vulneración de los principios de equidad tributaria, capacidad contributiva y proporcionalidad.

Sentencia 012/2017 de 18/01/2017 emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Segunda del TSJ.

En la presente litis, de la compulsa de los antecedentes administrativos, el fisco en aplicación de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, giró la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/557/2013 de 28 de octubre (fs. 920 a 948 de antecedentes administrativos), estableciendo una obligación preliminar de 1.825.743,- UFV por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) omitido de la gestión fiscal abril 2010 a marzo 2011, más intereses y sanción preliminar por conducta de omisión de pago, liquidación que se obtuvo por el importe de transferencia por venta de propiedad horizontal en los Edificios Nicole y Melissa, por la venta de la Urbanización Los Álamos de Irpavi, Urbanización Los Álamos fase II y por transferencia de otros bienes inmuebles, e ingresos reportados por el sistema financiero, por un total de Bs. 2.503.357,98. Sin embargo en relación a los gastos y costos relacionados con la construcción de los edificios Nicole y Melissa, Urbanización Los Álamos y otros, el mismo acto administrativo refiere que no se pudo obtener información necesaria sobre el costo de mano de obra y el costo de materiales, información técnica fundamental para determinar la viabilidad o no de un proyecto de construcción.

En ese marco, si bien la Administración Tributaria determinó los ingresos en base a información que pudo obtener de terceros a través de Escrituras Públicas de transferencia, formularios 430 de transmisión y enajenación de bienes y, formularios de información sobre operaciones bancarias; no es menos cierto que para determinar la utilidad bruta, no se dedujeron cabalmente los gastos necesarios que estén vinculados a la actividad gravada, tal como prescribe el art. 47 de la Ley Nº 843 concordante con los arts. 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051; ya que la utilidad neta de una gestión fiscal resulta de la imputación de ingresos y gastos, coligiéndose la importancia de establecer los gastos o costos en que incurrió el sujeto pasivo, cosa que no ocurrió en el caso en análisis, por cuanto no se verifica una cuantificación de los costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y herramientas, limitándose a cuantificar los depósitos bancarios sobre los cuales aplicó la alícuota del IUE, desconociendo el principio de equidad tributaria, en la medida que no tomó en cuenta los gastos y pasivos del contribuyente vulnerando el principio de capacidad económica y proporcionalidad previsto en el art. 323.I de la Constitución Política del Estado.

Los antecedentes relacionados, permiten concluir la inexistencia de todos los datos, hechos, elementos, antecedentes y valoraciones en el proceso de determinación de la deuda tributaria, toda vez que la Vista de Cargo no tomó en cuenta los gastos y costos relacionados en la determinación del IUE, que conlleva el incumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el art. 96-I de la Ley Nº 2492, constituyendo por tanto una inobservancia a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, que son los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que la sustenten; omisión que vicia de nulidad dicha actuación, conforme disponen los arts. 96-I-III y 99-II de la Ley Nº 2492, toda vez que ocasiona un estado de indefensión en el sujeto pasivo conforme prescribe el art. 36 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 y 35 del Decreto Supremo Nº 27113, vulnerando su derecho a un debido proceso.

Corresponde señalar que ese acto administrativo viciado, le ocasiona al sujeto pasivo gravamen y perjuicio personal y directo y además le coloca en un verdadero estado de indefensión, vicio procesal que conlleva a que se declare la nulidad dispuesta en sede administrativa, conforme los arts. 96.III del Código Tributario y art. 36.II de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable en materia tributaria en sujeción al art. 201 de la Ley Nº 3092, que dispone que para que proceda la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el art. 55 del DS Nº 27113, establece que, será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. Consecuentemente la nulidad dispuesta en sede administrativa, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, fue correcta, puesto que la misma debe contener todos los hechos, datos, elementos y valoraciones proporcionados por el contribuyente y de los papeles de trabajo, consecuentemente la resolución impugnada no incurrió en interpretación errónea de la ley como refiere la demandante.

Evidentemente, si bien es cierto que no es atribuible a la Administración Tributaria que el contribuyente no haya presentado los registros contables y otra documentación que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la construcción y venta de bienes inmuebles, a través de estados financieros cumpliendo con los principios de contabilidad especificados en el art. 46 de la Ley Nº 843, no es menos cierto que el sujeto pasivo según el reporte de consulta de padrón extraído del SIRAT, se encuentra en estado inactivo a partir del 24 de diciembre de 2005, por lo que no estaba obligado a presentar registros contables, tampoco a reportar Libros de Compras y Ventas IVA.

Por lo relacionado, este Tribunal Supremo de Justicia considera que durante el proceso de fiscalización y determinación llevado adelante en fase administrativa, la Administración Tributaria, no procedió a establecer la deuda tributaria de manera fundamentada y motivada, ya que, no se demuestra haberse analizado y valorado la cuantificación de gastos y pasivos del contribuyente, de modo que se cuente con una Resolución apegada a derecho, que genere seguridad jurídica respecto a los datos que fueron manejados, los métodos de determinación asumidos, y la consideración y valoración de los descargos que le fueron presentados, no siendo suficiente que se alegue que la determinación para fines del IUE se realizó en base al análisis de las Escrituras Públicas, minutas y otras proporcionadas por las Notarías de Fe Pública, y depósitos bancarios; omisión que afecta el proceso de fiscalización y el cálculo de la Obligación Tributaria.


 


CONTRATOS DE ANTICRÉTICO – PERSONAS JURÍDICAS.

CONTRATOS DE ANTICRÉTICO – PERSONAS JURÍDICAS.

En aplicación del principio de legalidad los contratos de anticrético de personas jurídicas no se encuentran alcanzados por el IUE.

Sentencia 45/2017 de 15/01/2017 emitida por la Sala Plena del TSJ.

V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

V.1. Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes se establece: Que la controversia fue analizada, tramitada y resuelta, en el marco de las normas y procedimientos establecidos en la Ley 2492 CTb vigente, en su Título V incorporado por la Ley 3092 Complementario al CTb y en base al art. 141 del DS 29894, en virtud a las cuales se emitió Resoluciones tanto por parte de la ARIT y la AGIT, en las cuales se determinó que la Resolución Determinativa Nº 17-00757-12, sea revocada totalmente; Resolución esta que estableció de oficio el cálculo correspondiente al impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses del IUE de la Empresa MB S.A., por no haberse incluido presuntamente en sus resultados el ingreso por concepto de un contrato de anticresis -inmueble- suscrito con el Sr. Juan Carlos Laguna Quiroga, mediante Escritura Pública Nº 291/2007, a favor de MB S.A., por la suma de 80.000 $us; el cual fue concluido por la Escritura Pública de cancelación de contrato de anticrético y de registros hipotecarios Nº 876/2010, donde el propietario entregó todo el dinero adeudado.

A objeto de hacer un análisis preciso del problema planteado transcribimos las normas específicas que han sido objeto de controversia: 

DECRETO SUPREMO Nº 24051 Reglamento del IUE.

Artículo 4.- (Utilidades de fuente boliviana).- En general y sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana:

1. Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país.

LEY 843 DE REFORMA TRIBUTARIA.

Artículo 42°.- En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

Ley 2492 CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO

Artículo 5º (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

Artículo 8° (Métodos de Interpretación y Analogía).

Ahora analizando cada una de estas disposiciones legales aplicadas, que amerita este examen, convergemos en sentido de que el DS Nº 24051 que reglamenta el IUE en su art. 4, al hablar de las utilidades de fuente boliviana, engloba entre ellas: cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, sobre inmuebles situados en el país. Norma que al ser reglamentaria debe interpretarse en función a la Ley 843 que le dio origen; estableciendo en el art. 42 la definición de fuente, cuando ratifica que; son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos; bajo esa óptica aplicando el art. 5 de la Ley 2492 CTb, transcrito líneas arriba, se determina que es la Ley la que debe aplicarse en primer lugar antes que un Decreto Supremo y por el principio de legalidad establecida en el art. 6 de la misma normativa, que señala: “(Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I. Sólo la Ley puede: 1) Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo”, disposición aplicada por la ARIT en su Resolución, al disponer que no hay tributo sin ley previa que así lo establezca, concluyendo luego que los contratos de anticrético están alcanzados por el RC IVA, y sólo son sujetos de este impuesto las personas naturales y las sucesiones indivisas. En concreto, si la Ley 843 no definió que el contrato de anticresis es un hecho generador, luego fija su base imponible, la alícuota del impuesto y el sujeto pasivo; el DS Nº 24051 o el 21530, aplicados por la AT, son inaplicables para el caso en concreto. Igual razonamiento ha utilizado la AGIT al señalar que para la determinación de la base imponible se utilizó normas del RC-IVA inaplicables a este caso ya que se usaron conceptos distintos sobre los cuales recaen ambos impuestos, aseverando de forma correcta que el RC-IVA grava un ingreso de las personas naturales, mientras que el IUE grava las utilidades que emergen de los estados financieros, sujeto a la condición de que se obtenga un resultado positivo de la comparación de los ingresos con los gastos. 

Estos conceptos hacen ver a todas luces que la analogía en el presente caso no puede ser utilizada, ya que no es cierto ni evidente que no exista una norma clara que defina la forma de determinación de la base imponible de un contrato de anticresis, porque debe necesariamente identificarse utilidades generadas por el mismo, siendo que para aplicarse la analogía debe tener tres condiciones: 1) que no exista ley aplicable al caso, lo que no es cierto hay métodos definidos por ley tributaria para el cálculo del IUE; 2) que la especie legislada sea semejante a la especie carente de norma, lo que no se cumplió porque las disposiciones del RC-IVA no se asemejan al IUE, y; 3) que exista uniformidad de razones para aplicar el precepto a los dos casos, hecho que es falso, circunstancias que no se dan en el presente caso ya que se habla de una persona jurídica, no así de una persona natural, lo que motiva a que no pueda aceptarse lo pedido en la demanda.

En autos, de la revisión de los antecedentes administrativos se estableció como hecho de controversia; que la AT determinó reparos a favor del fisco por concepto de ingresos correspondiente al contrato de anticrético suscrito por un tercero con Manaco MB S.A., en aplicación de los arts. 47 de la Ley 843, 4 del DS Nº 24051 y 7 del DS Nº 21531, señalando que la determinación del ingreso gravado fue calculada en aplicación de los arts. 27 de la Ley 843 y 7 del DS Nº 21531, en ausencia de una forma de determinación expresa para la determinación de la Base Imponible por concepto  del IUE, en base al art. 8.III de la Ley 2492 CTb, ante ese hecho la AT aclaró, que utilizó por analogía la forma de determinación de la base de cálculo de ingreso por concepto de anticréticos del RC-IVA para el IUE, que de ninguna manera utilizó la analogía para modificar normas.

En respuesta la ARIT acertadamente confluyo en la siguiente conclusión; “los contratos de anticrético en nuestra legislación están alcanzados por el RC-IVA y son sujetos de este impuesto las personas naturales y sucesiones indivisas; razón por la cual la Resolución Administrativa Nº 05-00041-99 en los numerales 1, 2 y 3 hace referencia únicamente a las empresas unipersonales sujetas al IUE, que por su característica perciban otros ingresos como personas naturales y que por estos últimos ingresos son sujetos del RC-IVA. Consiguientemente, en el caso en concreto tratándose de normativa tributaria clara y precisa no puede aplicarse el parágrafo III del art. 8 de la Ley 2492 CTb” (sic), conclusión esta que fue consentida por la AGIT al haber confirmado los fundamentos de la Resolución de alzada y este Tribunal ampara esta determinación al considerarla valida como respuesta a las pretensiones del ente demandante, estableciendo que los contratos de anticrítico de personas jurídicas -como es el caso- no se encuentran alcanzados por el IUE, por lo tanto los reparos generados al contribuyente Manaco MB S.A., no pueden ser aplicados por analogía y sólo es admisible ante la existencia de vacíos legales, asimismo, como lo afirmó la AGIT se desvirtuó el argumento de la existencia de una norma específica del IUE para la determinación de una base imponible por los contratos de anticrético.